Redacción, 4 Noviembre.- El antisistema Rodrigo Lanza, se sienta desde este lunes en el banquillo de la Audiencia Provincial acusado de asesinato agravado por motivos ideológicos.
Fiscalía y acusación particular coinciden en pedir contra él 25 años de prisión por el «crimen de la bandera» o «caso de los tirantes».
El antisistema coincidió con él en un bar de Zaragoza, el 8 de diciembre de 2017.
Tras entablar una discusión, le golpeó mortalmente y lo dejó en el suelo, agonizante.
La autopsia confirmó que había muerto por un traumatismo craneoencefálico con parada respiratoria.
Y apuntó a la brutalidad de la agresión que le causaron las heridas mortales.
El crimen que se juzga ahora se produjo ocho años después de que Rodrigo Lanza fuera condenado a un quinquenio de prisión por haber dejado tetrapléjico a un policía local en Barcelona.
Ahora se enfrenta a una acusación por asesinato agravado
A partir de las declaraciones de testigos y de los informes forenses, tanto la Fiscalía como la acusación particular apuntan a que Rodrigo Lanza atacó por la espalda a Víctor Laínez, de 55 años, que no tuvo opción de defenderse.
En sus escritos, Fiscalía y acusaciones indican que fue golpeado en la cabeza, que cayó al suelo gravemente herido y que, una vez en el suelo, Lanza le propinó repetidos puñetazos y una patada en la cabeza.
A continuación, se fue del lugar y dejó a su víctima mortalmente herida.
Rodrigo Lanza sostuvo tras ser detenido que su víctima le había amenazado con una navaja.
Pero ni la Policía en su momento, ni la Fiscalía ahora, dan verosimilitud a esa versión.
No se encontró ni rastro de la supuesta arma blanca.
El antisistema sigue manteniendo esa línea de defensa.
Argumenta que se sintió amenazado y que la agresión que le propinó a Víctor Laínez fue en defensa propia, porque se sintió amenazado de muerte.
En su escrito de defensa, el abogado de Rodrigo Lanza dice que su cliente «en ningún momento tuvo intención de matar».
También que había bebido alcohol y que eso «afectó gravemente sus facultades cognitivas y volitivas».
Que eso le «potenció el efecto amenazador de la situación» y que, ante esa percepción, no consideró otra coas que «actuar tal y como lo hizo».
«El pánico le impidió optar por una huida», dice el escrito de la defensa.
Además sostiene la versión de que el antisistema sufrió una «reacción en cortocircuito», un cuadro mental momentáneo que «anuló su voluntad, disminuyendo fuertemente su capacidad de conocer y entender lo que sucedía».
Y, como colofón de todo este argumento, la defensa de Lanza concluye que la muerte de Víctor Laínez no fue un crimen.
Y que esos hechos que le costaron la vida «no constituyen delito».
Por ello, pide la libre absolución del antisistema.
Y, en su defecto, si fuera condenado, reclama que se le apliquen cuatro eximentes: trastorno mental transitorio, legítima defensa, miedo insuperable y estar bajo los efectos el alcohol.
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