Cádiz, 20 Febrero.- Cuatro agentes están procesados por matar a un hombre que los atacó con un destornillador durante su detención.
La acusación pública sostiene que los policías actuaron en legítima defensa mientras que la acusación particular considera que fue un homicidio.
El 4 de abril de 2015, Juan Antonio Martínez González, natural de Albacete pero afincado en Cádiz, falleció frente a la iglesia del barrio Santa María.
Ello tras reducirlo por cuatro agentes de la Policía Nacional a los que atacó con un destornillador.
Informe de autopsia
Después de practicarle la autopsia, los peritos determinaron que la causa fundamental de la muerte de Juan Antonio fue “una hemorragia subdural postraumática derivada de acciones contundentes en el cráneo”.
El cadáver presentaba además un número elevado de lesiones, concretamente 32, producidas la mayoría por un objeto contuso.
La muerte fue, según los expertos, “de origen violento”, de ahí que los familiares de la víctima llevasen el caso ante la Justicia.
La Fiscalía, eso sí, ya ha presentado sus conclusiones provisionales, en las que solicita la absolución de los cuatro agentes.
La acusación pública considera que los policías actuaron en legítima defensa y en el cumplimiento del deber de sus funciones.
Esto como dos eximentes que los exoneran de cualquier responsabilidad penal.
El fiscal mantiene así la postura que ha sostenido durante toda la fase de instrucción, en la que planteó incluso el archivo de la causa.
La acusación particular, ejercida por la familia de la víctima, estima sin embargo que los funcionarios son autores de un delito de homicidio doloso y pide para cada uno de ellos 15 años de prisión, la pena máxima por cuanto se contemplan dos agravantes: el de abuso de superioridad y el de prevalimiento de su cargo.
Frente estas dos posiciones, será un tribunal popular el que se encargará de determinar la culpabilidad o la inocencia de los cuatro policías nacionales que se sentarán en el banquillo, previsiblemente, antes de que acabe el año.
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