En plena quinta ola de contagios, algunas comunidades, como Andalucía y País Vasco, reclaman al Ejecutivo adoptar medidas contra el Covid-19
Una vuelta atrás. Un ‘déjà vu’ que retrotrae al carajal autonómico que se organizó el verano pasado -con la justificación de la cogobernanza mediante- a la hora de orquestar la desescalada; se repitió en vísperas de Navidad, para permitir las salidas y entradas de ‘allegados’, así como el número de comensales que podían sentarse a la mesa. El lío se repitió antes y después del fin del estado de alarma el pasado 9 de mayo cuando las regiones pidieron toques de queda selectivos, regionales, provinciales, comarcales o municipales.
En plena quinta ola de contagios, con un número de casos que se multiplica por seis respecto a cuando decayó el estado de alarma y con dieciséis autonomías en riesgo extremo, las regiones se ven carentes de esas herramientas jurídicas de las que el Estado dice dotarles y ruegan, como ayer hizo el lendakari en una misiva al presidente Pedro Sánchez, que dé marcha atrás en medidas nocivas para el avance del virus, como la imposición del uso de la mascarilla en todo momento. No habrá cambios por el momento, contestó La Moncloa, que también rechazó recuperar el toque de queda a nivel estatal que reclamó el lendakari evitando usar esa expresión: se limitó a reclamar poner coto a la movilidad nocturna.
Lo que Iñigo Urkullu hizo ayer fue invocar la cogobernanza «real y efectiva», para que las autonomías no tengan que depender de los dispares pronunciamientos judiciales, puesto que en su caso, alega en la misiva, cuando pretendió imponer el cierre de la hostelería, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) declinó. El mandatario autonómico, como ayer verbalizó su portavoz, Bingen Zupiria, se inclina por reformar el decreto (que hoy convalida el Congreso de los Diputados) sobre la obligatoriedad del uso de la mascarilla.
Zupiria dijo en Vitoria tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Lendakaritza que desean imponer el toque de queda a todos los efectos, y que están «muy preocupados» por las repercusiones que ha tenido el Real Decreto del 24 de junio sobre la flexibilización del uso de la mascarilla, ya que en «muchos casos» ha conllevado que se deje de usar por completo, aseguró el portavoz del Gobierno vasco. «Ese no era el objeto» del texto que aprobó el Ejecutivo del Estado, aseveró. «El uso constante de la mascarilla tiene que ser una obligación», zanja el Gobierno vasco, que plantea que se pueda prescindir de ella solamente en aquellos «espacios naturales en los que no se produzcan concurrencia de personas».
Andalucía se sumó ayer a la petición de Urkullu y a través de su consejero de Presidencia, Elías Bendodo, demandó al Gobierno que la mascarilla vuelva a ser obligatoria al aire libre, «ahora con más motivo», dijo.
Bendodo apuntilló que «Andalucía se suma» a esa idea del lendakari; en concreto, «a que el presidente del Gobierno se actualice, ponga los pies en la tierra y vea cómo va a la pandemia en nuestro país».
Armengol se apea del debate
Mientras, la quinta ola no toca techo. El enorme aumento de la incidencia de coronavirus en Baleares y el temor a que arruine la temporada turística han empujado al Govern de la socialista Francina Armengol a dar un paso atrás en la desescalada y suspender la vida social a partir de la una de la madrugada. A partir del sábado, si la Justicia da su visto bueno, se prohíben las reuniones sociales de personas no convivientes -tanto en interiores como en exteriores- entre las 1.00 y las 6.00 horas cuando la incidencia acumulada a 14 días supere los 450 casos.
El Ejecutivo balear incluso se ha planteado imponer de nuevo la mascarilla en la calle, aunque finalmente lo ha dejado en una recomendación cuando haya distancia suficiente. Baleares es la primera región que sopesó el retorno de la obligación en los espacios exteriores, aunque finalmente lo mantiene en pausa y transformó el debate en una recomendación para ir en sintonía con la posición que defenderá hoy el PSOE en el Parlamento. El consejero de Turismo, Iago Negueruela, sí informó ayer de que se ha pedido al Estado la posibilidad de usar el certificado Covid para limitar el acceso a eventos o actividades a personas vacunadas.
Fuente: ABC
