20 enero 2020.- Cataluña, Andalucía y Valencia albergan 220 instalaciones con riesgo de nivel superior de sufrir un accidente grave a consecuencia del uso de sustancias peligrosas que emplean en los procesos industriales.
La cifra, a enero de 2020, supone más de la mitad de las 420 instalaciones de nivel superior de ese riesgo potencial que existen en España, que en total cuenta con 900 fábricas o plantas donde interviene algún tipo de sustancia con riesgo químico.
Por comunidades autónomas, Cataluña encabeza el número de instalaciones de este tipo, con 101 de establecimientos de nivel superior.
Precisamente, la comunidad autónoma catalana ha sufrido esta semana un accidente grave por la explosión en la planta de Industrias Químicas de Óxido de Etileno (IQOXE) en Tarragona que se ha cobrado tres vidas y numerosos daños materiales.
Tras Cataluña, la segunda comunidad autónoma con más instalaciones de nivel superior es Andalucía, con 78, seguida por la Comunidad Valenciana, con 41; País Vasco, con 28 y Canarias, con 25.
Por provincias, según estas fuentes, destacan Tarragona y Huelva, aunque añaden que el número de instalaciones de este tipo han disminuido.
Las sustancias empleadas, de distinta índole, desde explosivos, minerales, ácidos entre otras, se destinan a la fabricación de objetos, materiales y productos de los que los ciudadanos se sirven, desde materiales de construcción, para el aislamiento térmico pasando por combustibles o incluso fármacos, pero para ello necesitan procesos industriales que requieren de sustancias y condiciones peligrosas, lo que hace necesarias una serie de normas de control para prevenir los riesgos que comportan y evitar así los posibles accidentes con importantes daños que pudieran producirse.
En España, la trasposición de la normativa más reciente es de 2015 y, de acuerdo con el ordenamiento jurídico español se trata la competencia es responsabilidad autonómica, aunque es la Dirección General de Protección Civil y Emergencias la que coordina la normativa que regula los casi 900 establecimientos afectados por esta normativa hasta enero de 2020.
La normativa fija una serie de medidas que deben tomar los industriales y otras que competen a las administraciones públicas en aras de, en primer lugar, prevenir los accidentes mediante planes de seguridad de los establecimientos que definen y aplican un conjunto de medidas que afectan a los equipos y al personal, para que el trabajo dentro de la instalación se realice en condiciones de seguridad.
Además, con carácter obligatorio, todas los industriales han de contar con un plan de prevención que garantice un alto grado de protección de la salud humana, el medio ambiente y los bienes y debe ser “proporcional a los peligros de accidente grave en el establecimiento”.
Por su parte, las administraciones son responsables de la inspección a través de las consejerías de Industria y los Ayuntamientos deben controlar el uso del suelo, las distancias de estos establecimientos a otras instalaciones y núcleos vulnerables para asegurar una reducción del riesgo, entre otros parámetros.
TARRAGONA, SERÁ ESTUDIADO EN EUROPA
El accidente de Tarragona, que se ha cobrado de momento tres víctimas mortales y otras siete personas han resultado heridas, ha obligado a poner en marcha todas estas medidas.
De todos los pormenores del suceso deberá dar cuenta a la Unión Europea la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior español, de acuerdo con el procedimiento de la normativa, que establece que se informará de todo accidente o conato.
El objetivo de estas comunicaciones es analizar lo ocurrido, realizar un informe y poner en común en una base de datos europea las lecciones aprendidas para en el futuro aplicar posibles mejoras en el conjunto de la Unión Europea para incrementar la prevención.
