Sevilla, 24.4.2020 (EFE).-
La Audiencia de Sevilla ha revocado la decisión del juzgado que instruye las piezas separadas del caso ERE de citar de nuevo como investigado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, ya condenado por la pieza política, y lo ha excluido del caso relativo a un préstamo concedido a una cooperativa en 2007.
La Sección Séptima, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía, estima así el recurso de apelación presentado por Fernández contra el auto dictado el 13 de junio de 2019 por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que citó al ex alto cargo para que declarase como investigado el 17 de octubre del mismo año sobre el crédito de un millón de euros otorgado a la Sociedad Cooperativa de Familias Agrícolas (Scafa).
En el auto, adelantado por Diario de Sevilla y al que ha tenido acceso Efe, la Sala confirma su propia doctrina respecto a la aplicación del principio non bis in ídem, que impide juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos, en todos los casos derivados de las ayudas correspondientes a la partida presupuestaria 31-L de la Consejería de Empleo.
Fernández “ya ha sido enjuiciado y condenado” por esas subvenciones irregulares en las que se centró la pieza política, según recuerda la Sección Séptima.
Anticorrupción defendió que el préstamo a Scafa se nutrió de fondos de la Consejería de Innovación y que investigar por esta ayuda a personas ya condenadas por el llamado procedimiento específico no vulneraba el non bis in ídem.
Fernández fue el peor parado de los diecinueve ex altos cargos del Gobierno andaluz condenados en la pieza política, junto con el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero.
La Sección Primera impuso a ambos siete años, once meses y un día de prisión y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación.
En la resolución, que está fechada el 15 de abril y no admite recurso, la Sección Séptima recuerda que Guerrero firmó en octubre 2007 un convenio con la agencia pública Idea para articular la ayuda a Scafa con cargo a la partida 31-L y que el préstamo fue desembolsado el 19 de noviembre.
El tribunal, basándose en la documentación de Idea y el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, constata que el dinero, “a pesar de lo recogido en el convenio (…), no salió de los fondos transferidos por Empleo a través del programa 31-L”, sino que “se contabilizó como procedente de Innovación”.
La Sección Séptima también recuerda que, según Anticorrupción y la Junta, el préstamo se ejecutó una vez que resultó “fallido” porque “no fue devuelto”, por lo que Idea “regularizó su contabilización” y lo imputó a la 31-L entre el 31 de diciembre del 2013 y el 1 de enero del 2014.
En ese momento, destaca la Sala, Fernández “no ostentaba ningún cargo en la Junta del que pudiera derivarse responsabilidad”.
Para el tribunal, en todo caso, “el perjuicio para los fondos públicos se produjo desde el momento” en que esas ayudas “se otorgaron y cobraron”, por lo que el crédito “comprometido” al firmarse el convenio de 2007 “lo fue contra el programa 31-L”, que es el que “a la postre ha soportado ese menoscabo (…), como tarde desde enero de 2014”.
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