Redacción, 21 Mayo 2020.- Las asociaciones judiciales y las de fiscales han mantenido una reunión con el Secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y la Directora General para el Servicio Público de la Justicia.
Ha sido una videoconferencia para informar sobre los planes de desescalada para la Administración de Justicia.
Las siete asociaciones han emitido un comunicado conjunto.
En el mismo señalan que tras la nueva prórroga del estado de alarma “se alzarán los plazos administrativos el próximo 1 de junio”.
“Y los procesales el 4 de junio”.
Asimismo, señalan que la fase 2 se podría activar la próxima semana tras la reunión de la Comisión de Coordinación.
En esta fase está previsto que se incorporen entre el 60 y el 70% de la plantilla.
Con turnos de tarde y con una duración de dos semanas.
El 8 de junio es la fecha prevista para el comienzo de la fase 3.
La idea que tiene el Ministerio es la recuperación de la normalidad en el mes de septiembre, dependiendo de la evolución de la emergencia sanitaria.
Según las asociaciones jurídicas desde el Ministerio de Justicia se ha garantizado “la adecuada protección de todo el personal, profesionales y del público en general en las sedes judiciales y fiscalías”.
En estas primeras semanas se recomienda no cargar en exceso las agendas de señalamientos.
Una vez que llegue el mes de septiembre, están previstos planes de choque y de refuerzo.
Se realizarán en coordinación con el CGPJ y la FGE junto con los órganos judiciales asociados a la COVID-19.
Y con la entrada en funcionamiento de nuevos órganos judiciales.
Serán objeto de análisis los vigentes planes de refuerzo y comisiones de servicio.
El comunicado señala que como soluciones tecnológicas están en estudio la cita previa y la video identificación.
A fin de garantizar la publicidad de las vistas orales se quieren realizar retransmisiones en “streaming” de los juicios”.
“Empezando en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional”.
Asimismo, en el comunicado, la asociaciones jurídicas indican que en la primera semana de junio se presentará un anteproyecto de ley de eficiencia procesal.
En este, entre otras medidas, hay una apuesta decidida por los medios alternativos de solución de conflictos.
Por su parte, las asociaciones profesionales han insistido en que deben garantizarse las medidas de seguridad adecuadas en las sedes judiciales.
También han mostrado su rechazo a que los jueces en prácticas puedan desempeñar funciones de refuerzo, por vulnerar claramente la independencia judicial.
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