9 septiembre 2019.- Andalucía acoge a 6.249 menores extranjeros no acompañados (MENA), lo que supone casi la mitad de los 13.796 registrados en toda España.
Estos datos se incluyen en la Memoria 2018 de la Fiscalía General del Estado, en la que advierte del “incremento espectacular” en la llegada de menores extranjeros no acompañados en patera, un 199,61 % respecto a 2017, y del desbordamiento de las capacidades de recepción y asistencia de las entidades públicas encargadas de su adecuada atención.
El Ministerio Público, encargado de la protección de los menores, invita a una “seria reflexión” sobre este aumento que es de un 115 % respecto al año anterior, y que se eleva a casi el 200 por ciento los llegados a través del mar en embarcaciones precarias.
En concreto, durante 2018 han sido localizados 7.026 menas llegados a España por vía marítima, frente a los 2.345 de 2017.
En el Registro de menores extranjeros no acompañados figuraban inscritos, a fecha de 31 de diciembre 2018, un total de 13.796 menores bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección (en 2017 eran 6.414). De ellos 12.825 son niños y 971 niñas.
“Los datos nos asoman a una realidad que requiere de una actuación conjunta y coordinada de las autoridades gubernativas, de los servicios educativos, sociales y sanitarios, y de las entidades encargadas específicamente de la protección de menores, para abordar el tratamiento singularizado que merecen quienes, de forma voluntaria o no, han asumido el riesgo de alcanzar nuestras costas en busca de un futuro mejor”.
“Esta situación conlleva el aumento exponencial de los expedientes de riesgo (Huelva, Barcelona, Cádiz) y constata la precariedad de medios materiales de las CCAA para afrontar adecuadamente esta nueva situación”, según indica el Ministerio Público.
Según explica, se ha detectado la existencia de una interlocución interna entre los propios menores y ciertas organizaciones clandestinas que les posibilitan su entrada y asentamiento en España.
Todo ello se traduce en un agravamiento general de la escasez de medios autonómicos disponibles para abordar la protección de los menores y está generando un malestar social que, además, se une al peligro potencial de abocar a dichos menores a la delincuencia y la marginalidad como medio de subsistencia.
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