Redacción, 29 Octubre.- La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha destacado la importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales para evitar que se convierta en una actividad rentable.
Según su reciente sentencia, este delito, ejecutado a gran escala, puede menoscabar el sistema económico y afectar al buen funcionamiento del mercado.
Según la Sala, este es el medio por el que atajar la actividad criminal, a través del seguimiento de los fondos que se recaudan ilícitamente a través de la acción criminal.
El tribunal busca, con la criminalización de estas conductas, “que nunca el delito sea una actividad rentable”.
Los magistrados argumentan que criminalizar el blanqueo es muy útil para luchar contra las organizaciones criminales.
El tribunal ha tomado como ejemplo las penas que la Audiencia Provincial de Barcelona impuso en enero de 2018 a un matrimonio que, durante una década, blanqueó cantidades de dinero obtenidas de su diversificada actividad criminal.
El marido fue condenado a 4 años y medio de prisión y al pago de una multa de 1.300.000 euros.
Y su esposa, a 3 años y 3 meses de prisión y multa de 1.000.000 de euros.
La pareja obtenía el dinero gracias a una consecución de delitos: tráfico de sustancias estupefacientes, robos violentos, o extorsiones,
El tribunal ha recordado la dificultad de la instrucción judicial para desentrañar los mecanismos de ocultación ideados por el blanqueo de dinero, para dar apariencia de normalidad negocial para camuflar las ganancias derivadas de actuaciones delictivas.
Respecto a los delitos de corrupción
El 83% de las sentencias por corrupción dictadas por juzgados y tribunales en el segundo trimestre de 2019 fueron condenatorias, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
El órgano sostiene que, en un total de 15 procedimientos por corrupción, se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 92 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos.
Esta es una nueva edición de un estudio que ya fue publicado en 2017 y que se actualiza de forma trimestral con la idea de que la ciudadanía conozca la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción.
Asimismo, el estudio recoge los principales delitos en este ámbito que se encuentran reflejados en el Código Penal, tales como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, fraudes o exacciones ilegales, entre otros.
Según estos datos, entre los pasados 1 de abril y 30 de junio, los Juzgados y Tribunales dictaron 30 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 25 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 83 por ciento del total.
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