Vox propone a la juez Alaya para proteger a los denunciantes de corrupción y premiarles con un 10% de lo recuperado.

Vox propone a la juez Alaya para proteger a los denunciantes de corrupción y premiarles con un 10% de lo recuperado.

10 de junio de 2019.- Vox ha registrado en el Congreso una proposición de ley con la que pretende proteger de forma integral a los denunciantes de corrupción y recompensar su contribución premiándoles con un 10% del dinero recuperado. Además, plantea crear una Autoridad Independiente que los proteja y para dirigirla ya proponen a la que fuera instructora de los ERE en Andalucía, la juez Mercedes Alaya.

Con esta iniciativa, Vox pretende, en primer lugar, dar una protección “eficaz” a los denunciantes de prácticas corruptas, “el eslabón más débil en la cadena”, para así estimular que revelen las información de la que disponen sin temor a represalias y a que se les vea “casi como a héroes”, según ha apuntado en rueda de prensa el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

Y, en segundo lugar, también quiere reconocer su contribución para “prevenir daños y detectar amenazas o perjuicios para el interés público” con el fin de atajar una lacra que, según un estudio de 2017 de la Comisión Europea, supone una pérdida de beneficios por la falta de protección de los denunciantes de entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales, sólo en el ámbito de la contratación pública en el conjunto de la UE.

En la pasada legislatura, Ciudadanos ya presentó una ley ómnibus contra la corrupción y por la protección de los denunciantes, pero la iniciativa, que fue tomada en consideración por el Pleno en febrero de 2017, no llegó a completar su tramitación.

En concreto, Vox sugiere en su texto la creación de un Estatuto de protección de los denunciantes de corrupción para asegurar su inmunidad personal, profesional y familiar, esto es, regular por ley que no se persiga al denunciante por corrupción, pero tampoco a los periodistas o a los medios que publiquen información relativa a posibles prácticas corruptas.Y

Yendo un paso más allá de lo aprobado recientemente por la Eurocámara, la formación que capitanea Santiago Abascal propone “incentivar la acción de denuncia” reconociendo a los denunciantes un premio del 10 por ciento del importe total en que se cifre el perjuicio al erario, y también, ya dentro del régimen sancionador, la proposición recoge sanciones de que van desde los 200 a los 400.000 euros en función de la gravedad.

Asimismo, plantea crear una Autoridad Independiente de Protección de los Denunciantes de Corrupción que garantice la efectividad de los derechos de los denunciantes de corrupción, un organismo con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, y que, sólo a efectos organizativos, quedará adscrito al Ministerio de Justicia.

En este sentido, señala que los candidatos a ocupar la Presidencia de este órgano sean propuestos al Congreso por organizaciones sociales de ámbito nacional que trabajen ya contra el fraude y la corrupción en España, así como por los grupos parlamentarios.

De entrada, no obstante, Vox sugiere para ese puesto a la que fuera la juez instructora del escándalo de los ERE en Andalucía, Mercedes Alaya, “si ésa fuera su voluntad”. Fuentes cercanas, no obstante, manifiestan que, por supuesto, ha declinado tal proposición.

Esta Autoridad Independiente se encargará de estudiar las denuncias presentadas y de dar traslado a la Fiscalía de la posible existencia de un posible delito y de informar del peligro para la persona, libertad o bienes del denunciante o de su entorno con el fin de que la autoridad judicial puedan adoptas las medidas de protección oportunas. Pero este organismo de nuevo cuño, según plantea Vox, también podrá ejercer la acusación particular.

Maria Serrano

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