NOTICIA PATROCINADA POR
05.Octubre.2020 /REDACCIÓN
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Badajoz ha estimado el recurso interpuesto por la hermana-tutora de una persona que cuenta con una discapacidad física-psíquica del 70% y reconoce su derecho a testar.
El hombre fue declarado incapaz por sentencia del 16 de abril de 2013 del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Badajoz.
También le declaró incapaz para regir su persona y bienes, así como le privó de la facultad de testar y el derecho de sufragio.
Fue nombrada como tutora una de sus hermanas.
El afectado ha mostrado su interés en hacer testamento para evitar que puedan heredar familiares suyos con los que presuntamente no tiene trato.
Por ello su tutora, ahora recurrente, ha solicitado la revocación de la sentencia en la parte que afecta al derecho a testar y se basa en un dictamen psiquiátrico en el que se afirma que es consciente de lo que tiene.
La sentencia reseña que desde el momento en que el notario tiene que verificar el cabal juicio del testador sobra ya, por desproporcionada, la privación adelantada del derecho.
Asimismo, señala que si el riesgo que corre una persona con demencia u otra deficiencia intelectual es la posible captación de su voluntad, el remedio no puede ser la eliminación de su derecho
Por su parte, el Ministerio Fiscal, se opone al considerar que testar “es un acto jurídico complejo “muy básicos y elementales, al alcance de todos los públicos”.
Una vez expuestos los hechos y vistos los recursos, la Sala entiende que el recurso debe prosperar, dado que las personas con discapacidad no deben verse privadas de antemano de la facultad de testar.
La Sala lo fundamenta en la incorporación al ordenamiento jurídico de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con Discapacidad, realizada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 (vigente en España desde el 3 de mayo de 2008).
El artículo 12 de dicha Convención proclama que “las personas con discapacidad tienen igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.
El propio discapacitado, como regla general, debe ser el encargado de adoptar sus propias decisiones.
La sentencia concluye que hay que superar la bienintencionada inercia tradicional que, en el afán de proteger al sujeto, le quita derechos.
En el caso que nos ocupa la Sala resuelve reintegrar al afectado la facultad de testar, sin perjuicio de examen que, llegado el caso, deba efectuarse por el notario autorizante.
TE ASESORAMOS
ESCÚCHANOS
