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Un estudio demuestra “oportunismo electoral” en las tarifas de agua en España

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Madrid, 24.5.2020 (EFE).-

Un estudio realizado por investigadores de todo el país demuestra que en España existe “oportunismo electoral” en la fijación de los precios del agua para el consumo residencial, lo que conlleva que el aumento de las tarifas sea “significativamente inferior” en los años preelectorales.

Se trata de un trabajo de los profesores Marta Suárez-Varela (Universidad Autónoma de Madrid), Andrés J. Picazo-Tadeo (Universidad de Valencia) y Francisco González Gómez (Universidad de Granada), quienes demuestran la existencia de un “efecto ciclo político” en la fijación del precio del agua para consumo residencial en España.

Para alcanzar esos resultados han analizado, con técnicas de modelización estadística y econométrica, los precios del agua en 119 municipios españoles de más de 20.000 habitantes durante el período 1998-2015, según recoge la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en un comunicado.

Los investigadores argumentan que es habitual que los gobiernos y políticos de todos los niveles administrativos aumenten el gasto público y reduzcan los impuestos en los años previos a la celebración de elecciones.

Añaden que es “esperable” que este efecto, denominado “efecto ciclo político”, se produzca también en relación al precio de los servicios públicos, de modo que estos tenderían a crecer menos en los años preelectorales.

Ahora, este reciente estudio demuestra que en España también se ha dado este fenómeno a la hora de fijar el precio del agua para consumo residencial.

Los autores, que han publicado estas conclusiones en la revista internacional Government Studies, resumen que los aumentos de las tarifas son “significativamente menores” en los años inmediatamente anteriores a las elecciones municipales.

Además de encontrar que las tarifas del agua para usos residenciales crecen menos en los años preelectorales, constataron que este oportunismo electoral existe “independientemente de cómo se gestione la provisión del servicio”, ya sea de forma interna, por parte del propio ayuntamiento, o externalizada a una empresa pública o privada.

Finalmente, los investigadores apuntan que, para “debilitar la inferencia política” en la fijación de los precios del agua, debería crearse un organismo regulador nacional con competencias en la materia, como ocurre en el Reino Unido o en Portugal. 

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