29 de julio de 2019.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha avalado una sentencia que un juzgado de lo contencioso-administrativo de Sevilla falló contra la Consejería de Educación.
En su sentencia, la Sala aprecia “trato desigual” en la concesión de permisos para representantes sindicales fijada en la Instrucción, de 1 de octubre de 2018 de la Viceconsejería de Educación.
Dicha Instrucción establecía las pautas de actuación para la coordinación del proceso electoral para los órganos de representación del personal docente no universitario del 4 de diciembre de 2018.
La sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Sevilla, del pasado 18 de febrero, partía de un recurso de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), contraria de la decisión de dicha instrucción de la Consejería de conceder “permisos de jornada completa, desde el inicio del proceso electoral hasta el día 5 de diciembre de 2018, a dos representantes de cada organización sindical promotora de dicho proceso electoral, al objeto de poder asistir técnicamente a las distintas Mesas Electorales Coordinadoras”.
En la Sentencia del Alto tribunal andaluz, fechada el pasado 17 de julio, desestima el recurso interpuesto por la Consejería de Educación contra la sentencia del Juzgado, que queda así “confirmada”, salvo ulterior recurso.
La referida sentencia del juzgado de Sevilla declaró “vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad y a la libertad sindical” mediante la citada instrucción de la Viceconsejería.
Por su parte, el TSJA entiende que de lo establecido al respecto de los permisos en dicha instrucción de Educación se deduce “un claro trato desigual en el ejercicio del derecho a la libertad sindical, respecto de los restantes representantes de cada una de las organizaciones sindicales con capacidad para promover elecciones en la unidad electoral correspondiente”.
VALORACIÓN DE LA APIA
Para la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía, queda “judicialmente probado que la Consejería de Educación y los cinco sindicatos integrantes de la Mesa Sectorial –CSIF, CCOO, UGT, ANPE y Ustea– acordaron que la primera de ellas les otorgara una dádiva, contraria a la regulación legal en materia de permisos sindicales, consistente en el regalo de dos liberados totales por provincia y para cada una de las citadas organizaciones sindicales, durante los dos meses que duró el proceso electoral, con un coste aproximado para las arcas públicas de 200.000 euros”.
De esta forma, “los cinco sindicatos mencionados acudieron a la cita electoral en situación ventajosa respecto del resto de organizaciones sindicales que, como APIA, no forman parte de la Mesa Sectorial.
Desde APIA critican además que la Consejería de Educación del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) ha venido manteniendo, “desde febrero”, una “abierta y reiterada desobediencia ante el claro mandato judicial que le obligaba a ejecutar la sentencia sin más dilación, con independencia de la presentación del –ahora malhadado– recurso de apelación”.
También afean a la Consejería “la clara determinación, mostrada por sus nuevos responsables, de continuar con los modos y costumbres de la administración anterior socialista, superándose incluso en contumacia”.
Así lo “demuestra el recién firmado acuerdo sobre liberaciones sindicales, que exacerba el trato discriminatorio dispensado a APIA con anterioridad a 2013 respecto de los sindicatos firmantes.
