Granada, 26.5.2019.- El Juzgado de lo Mercantil 1 de Granada celebrará una vista encaminada a aprobar si pausan los plazos judiciales, a la espera de una nueva pericial de la Comisión de Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), para la sentencia del juicio que arrancó en septiembre del año pasado contra cuatro empresas lácteas acusadas de formar un cártel.
Fuentes judiciales han informado que el juzgado celebrará en breve una vista para decidir si suspende los plazos legales tras un juicio que arrancó en septiembre del año pasado y celebró una última sesión el 22 de febrero dedicada a presentar periciales y nuevas pruebas testificales.
La causa tiene como parte acusadora a la cooperativa de ganaderos SAT San Antón, una entidad en concurso de acreedores cuyos ganaderos denunciaron prácticas irregulares cometidas por las principales firmas lecheras, que habrían acordado precios a la baja ocasionado así pérdidas millonarias durante años.
La causa está relacionada con el supuesto “cártel lácteo” que descubrió la CNMC, organismo que en 2015 impuso una multa de más de 88 millones a las principales empresas del sector al considerar que habían participado en “conductas anticompetitivas” penadas por competencia.
Las dos sesiones iniciales se celebraron antes de que la Audiencia Nacional anulase, en octubre de 2018 y por defectos de forma, las multas de 88 millones que impuso la CNMC a 11 industrias lácteas por intercambio de información y el reparto de mercado de la leche cruda de vaca.
La causa que se juzga en Granada espera ahora una nueva resolución de la CNMC, que ha modificado los plazos en los que habría actuado el supuesto cártel de la leche para repartirse el mercado y ha anunciado nuevas multas que sustituyan a las anuladas por la Audiencia Nacional.
Esta pericial constituirá, según las mismas fuentes, nuevos criterios de fondo en la cuestión que afectarían a la sentencia.
Durante las vistas iniciales en el juzgado de Granada, los expertos negaron que las pérdidas del sector denunciadas por SAT se puedan calcular comparando datos nacionales con los de Portugal, Grecia o Francia y reprocharon que las periciales apuntaran los meses de pérdidas pero no los de ganancias.
Las empresas se enfrentan al pago a la cooperativa de 16 millones por las pérdidas ocasionadas por la posible manipulación de los precios.
