Seis años de prisión a Griñán y nueve años de inhabilitación a Chaves -

Sevilla, 19 Noviembre.- El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación.

Mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación.

Ha sido en la conocida como ‘pieza política’ de la causa judicial sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE).

Así lo recoge la sentencia que ha dado a conocer este martes el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Ha pasado casi un año desde el final del juicio y cerca de nueve desde que la juez Mercedes Alaya iniciase la instrucción de la causa.

La Fiscalía Anticorrupción pedía para Griñán seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Y para Chaves diez años de inhabilitación por prevaricación.

Los 21 ex altos cargos han conocido esta mañana la sentencia de la Audiencia de Sevilla.

La Fiscalía Anticorrupción les atribuye delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Y reclamaba penas que van desde los diez años de inhabilitación a los ocho años de cárcel.

Pero las arcas públicas seguirán sin reponerse del enorme quebranto causado por el supuesto desvío de dinero público.

Es harto probable que nunca se recuperen los fondos defraudados que la Fiscalía Anticorrupción cuantifica en más de 680 millones de euros.

Para buscar una explicación a este galimatías hay que recordar la «actuación procesalmente contradictoria», como advirtió la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla en un auto, que ha mantenido la Administración autonómica durante los más de ocho años del caso ERE.

La Junta, presidida por Susana Díaz, libró a los acusados de depositar fianza alguna por el daño causado antes de sentarse en el banquillo.

Dejó la puerta abierta para exigírsela en el futuro al reservarse de manera expresa ejercitar la acción civil «una vez finalizado el juicio penal si a ello hubiere lugar».

La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo.