SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) –
La decana del Colegio de Procuradores de Sevilla, María Isabel Escartín, ha asegurado que la opción de situar la Ciudad de la Justicia de Sevilla en Palmas Altas, alternativa considerada “más viable” por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento hispalense, será un “perjuicio” para la ciudadanía y para los profesionales del sector judicial.
En declaraciones a Europa Press, Escartín ha señalado que tras llevar el anterior gobierno andaluz el desarrollo de la Ciudad de la Justicia de Sevilla “a escondidas de la opinión pública y los interlocutores judiciales”, el nuevo consejero de Justicia y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y el alcalde de Sevilla, Juan Marín, “han llegado un consenso para que Palmas Altas sea la opción más viable para la Ciudad de la Justicia sin pensar en la lejanía que se encuentra este recinto de los servicios centrales”.
En ese sentido, la decana de los procuradores ha indicado que a “esta lejanía” se une que esta ubicación está “absolutamente incomunicado” y no hay visos de que “a corto y medio plazo” esas comunicaciones existan. “Apenas hay un acceso por carretera y no llegan autobuses ni servicios de Cercanía o metro, por lo que la única solución para los ciudadanos o profesionales que tengamos que ir en un mismo día a los servicios centrales que se quedarán en la Audiencia Provincial a Palmas Altas es el coche”, ha apuntado.
Igualmente, Escartín ha lamentado que esta decisión “que obedece a una razón de índole inmobiliaria así como a intereses bancarios” es “inviable” y supone “un atropello” para los ciudadanos y los profesionales como los procuradores, que son los que viven “al pie del juzgado”, estén realizando “un peregrinaje absurdo” entre Palmas Altas y la Audiencia.
De esta manera, ha asegurado que la opción “con más posibilidades” ya que “no supondría una gran inversión y representa un mejor servicio para la ciudadanía” es la de ubicar la Ciudad de la Justicia al Prado de San Sebastián donde “se puede aprovechar las infraestructuras existentes para mejorarlas o ampliarlas” y donde “existe una buena red de transportes, que conectan incluso con lugares de otras provincias, y están focalizados servicios como las notarías”.
Con todo, la decana de los procuradores ha pedido tanto a los representantes del Gobierno andaluz como del Ayuntamiento de Sevilla que “rectifiquen” y que tomen una decisión “que, a parte de que sea consensuada con el sector judicial, sea una solución digna”.
