SEVILLA 18.2.2021 / Jose Manuel García Bautista
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La negativa de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, a dar trámite a las iniciativas legislativas del Ministerio de Igualdad está poniendo en jaque a todo el Gobierno, donde se pone en entredicho la principal excusa por la que hace un año criticó el borrador de Irene Montero para incluir en el Código Penal que “solo sí es sí”, una supuesta “inseguridad jurídica” a la que ahora alude para bloquear la ‘ley Trans’ que patrocina Igualdad.
Unidas Podemos no lo cree y lamenta que en el Ejecutivo no haya una instancia “objetiva” sobre qué borradores están preparados para ser aprobados por el Consejo de Ministros que, en cuestiones de igualdad, se imponga la postura de Calvo.
El Ministerio de Igualdad ha sido la piedra en el zapato de Calvo desde que echó a andar el Gobierno de coalición. Ella fue ministra del ramo durante el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez, entre 2018 y 2019. Durante la negociación de la coalición se resistió hasta el final a que este Ministerio pasara a manos de Unidas Podemos, a Irene Montero.
Calvo sigue siendo responsable de Igualdad del PSOE y como tal promovió hace unos meses una toma de posición del partido en contra de la ‘teoría queer’, los postulados que defienden Unidas Podemos y también un sector del PSOE.
Desde entonces, Calvo ha menospreciado las propuestas legales de Igualdad y ha bloqueado su tramitación dentro del Gobierno. El año pasado, el ala del PSOE organizó todo un escarnio público por los errores del borrador para que el consentimiento “solo sí es sí” figure en el Código Penal.
En las últimas semanas está sucediendo algo parecido con la ley LGTBi, la llamada ‘ley Trans’, convertida en el verdadero punto de fricción dentro del Gobierno. Así lo admiten fuentes de Moncloa en esencia alineadas con Calvo pero que, a diferencia de la vicepresidenta, sí reconocen que hay distintos puntos de vista muy polarizados, no solo dentro de la coalición sino sobre todo entre la opinión pública.
El enfrentamiento de Calvo no es solo con Montero y Unidas Podemos. La vicepresidenta se reivindica como valedora de la lucha histórica del feminismo pero se cierra a escuchar las reclamaciones de parte de este colectivo. Desde su entorno se acusa a Montero de haberse rodeado del feminismo más radical -‘feminismo queer’- y no han sido pocas las organizaciones LGTBi y feministas que critican una posición que ha sido calificada directamente de ‘tránsfoba’.
El último episodio se produjo este mismo martes, cuando desde la sala de prensa del Consejo de Ministros Calvo no fue capaz de defender a la diputada socialista madrileña Carla Antonelli por los improperios que le dedicó un diputado de Vox en la Asamblea de Madrid, empeñado en dirigirse a ella como su fuera un hombre.
Todo lo que hizo Calvo fue equiparar lo sucedido a los ataques que, dijo, ella misma recibe en el Congreso y el Senado por parte de la ultraderecha, pero sin mencionar la particularidad de que Antonelli fue atacada por ser una mujer trans. Las redes ardieron censurando su incapacidad de reconocer que se trató de un ataque tránsfobo. Una de las más contundentes en su reacción fue la propia Antonelli, una histórica del PSOE enfrentada a las tesis de Calvo y muestra de la grieta que la oposición de la vicepresidenta a equiparar a las mujeres trans a las mujeres ha abierto no solo entre lo dos socios de la coalición, también en las propias filas socialistas.
“Lo vivido ayer Asamblea por un diputado Vox no forma parte del atropello lingüístico intencionado de generalizar e invisibilizarnos a mujeres nuestros cargos, desde sexismo y el idioma; DESGRACIADAMENTE lo de ayer es TRANSFOBIA y negar que soy una MUJER”, escribió Antonelli en Twitter.
En el Gobierno, las maniobras de Calvo para bloquear la aprobación de leyes de Igualdad provoca en estos momentos la mayor sima entre PSOE y Unidas Podemos, con la vicepresidenta como principal bestia negra de los de Pablo Iglesias.
Según explican desde el ala morada, Calvo es la responsable de uno de los dos factores que provocan tiranteces dentro de la coalición. Restándose responsabilidad en un clima bélico que no ha cesado después del 14-F, los morados dicen que ellos levantan la voz solo ante un incumplimiento del pacto de Gobierno o cada vez que Calvo interviene de manera “ilegal” para frenar algunas de sus iniciativas.
El ministerio de Igualdad ya tiene preparado el borrador de la nueva ley trans. Una medida que reconoce el derecho a cambiar de nombre y sexo, sin informes médicos, ni consentimiento paterno, a partir de los 16 años. La norma está incluida en el pacto del Gobierno de coalición, pero ha abierto una nueva brecha entre el PSOE y Unidas Podemos.
Un borrador que dice que para cambiar de sexo el único requisito será una declaración expresa de la persona interesada. Ni informes médico, ni psicológicos porque se reconoce el derecho a la identidad de género libremente manifestada. A partir de los 16 años no hará falta consentimiento paterno. Si lo necesitarán los adolescentes entre 12 y 16 aunque si no hay acuerdo, el menor tendrá un defensor judicial.
Por primera vez se reconoce a quienes no se sientan ni hombres ni mujeres, que en sus documentos oficiales no se haga mención al sexo. No se podrá obligar a ninguna persona a someterse a tratamientos hormonales, pero si optan por ellos, el Sistema Nacional de Salud se los facilitará así como las técnicas de reproducción asistida a las personas trans con capacidad de gestar. Los menores también podrán someterse a tratamientos hormonales y de bloqueo del desarrollo sexual.
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Un texto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha sembrado la discordia en el Gobierno. El movimiento feminista socialista, con la vicepresidenta Carmen Calvo a la cabeza dice que a esta norma aún le queda camino para llegar al Consejo de Ministros.
Los efectos del último episodio se vieron este martes en el Congreso, en una insólita votación en la que Unidas Podemos terminó absteniéndose a la ‘ley Zerolo’ que presentó el PSOE para adelantarse a la ‘ley Trans’ que Calvo mantiene paralizada en el Gobierno.
Un día después, fuentes socialistas respiraban este miércoles aliviadas porque la abstención de los morados al menos no impidió la tramitación de la iniciativa socialista en lo que es un conflicto de mayor calado en el Gobierno, también al hilo de los movimientos de Calvo en contra de las iniciativas de Igualdad y que afectan a la estructura misma del Ejecutivo.
La ‘seguridad jurídica’ como excusa
Unidas Podemos no cree ya a Calvo cuando dice que un proyecto determinado no tiene “seguridad jurídica”. En particular sobre la ‘ley Trans’, los morados aseguran que Igualdad y Montero han sido asesorados por juristas. “Igualdad se ha asesorado mucho sobre el contenido y seguridad jurídica porque no es la primera vez, ni la segunda ni la tercera”, deslizan. Tampoco aceptan que se esgrima la inseguridad jurídica cuando aseguran que su borrador reproduce una iniciativa socialista, también por lo que respecta a la “autodeterminación de género”, contra la que Calvo se revuelve.
“No puede tener todos falta de seguridad jurídica en los temas que no le interesan, lo vemos todos lo días”, aducen en Unidas Podemos en contra de lo que hace Calvo, que todavía espera los informes de los Ministerios de Justicia, de Sanidad y de Educación para ver si se puede “avanzar” en la ‘ley Trans’.
Los efectos de la arbitrariedad que denuncia Unidas Podemos van más allá porque tras los encontronazos con Calvo a cuentas de leyes de Igualdad los de Pablo Iglesias creen que en el Gobierno no existe un “sanedrín objetivo” que determine la seguridad jurídica de una norma independientemente. Por el contrario, lamentan que “el árbitro está solo en casa de uno”, en relación al PSOE, a Calvo y, en última instancia, al Ministerio de Justicia responsable de los informes jurídicos.
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