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Piden prisión para miembros de Cuatro Vegas por emplear aguas residuales sin tratar bien en riegos

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5 May. La Fiscalía de Almería va a solicitar penas de hasta nueve años y cinco meses de prisión para el presidente de la Comunidad de Regantes Cuatro Vegas de Almería y diez de sus consejeros por varios delitos medioambientales y uno de desobediencia.

Estima el Fiscal que durante 15 años se han empleado aguas residuales sin tratar adecuadamente para regar los cultivos de hortalizas y se ha hecho uso de pozos subterráneos del Medio y Bajo Andarax que carecían de permisos para su extracción.

Fue precisamente a raíz de estos incumplimientos cuando la Junta de Andalucía acordó el 10 de octubre de 2011 iniciar un procedimiento para suspender el suministro de agua procedente de la depuradora de El Bobar a la comunidad de regantes ante “el riesgo para la salud de los ciudadanos”, si bien en agosto de 2012 autorizó el acceso a las aguas regeneradas para la “realización de pruebas de calidad” sin poder usar dichas aguas para uso agrícola.

El fiscal observa así que pese a la medida cautelar que prohibía a la sociedad de regantes usar el agua de la EDAR con fines de riego, Cuatro Vegas habría procedido a distribuir agua a sus comuneros entre finales de agosto de 2012 hasta noviembre de 2014; fecha en la que se autorizó por parte de la Junta el aprovechamiento de aguas de la EDAR a la Comunidad General de Usuarios (Cgual), aunque fue la comunidad de Cuatro Vegas la que hizo dicho aprovechamiento por estar integrada en la comunidad general.

El suministro de agua para el riego de las fincas de cultivo de la zona, donde predomina la plantación de tomate, supuso “un grave riesgo para la salud de las personas” ya que estas aguas contenían “bacterias y huevos de nematodos intestinales” que pueden producir un “peligro biológico de origen alimentario” y, por consiguiente, enfermedades relacionadas con la ingesta de alimentos contaminados con materia fecal.

Según el análisis del fiscal, las aguas presentaban “contaminación con amonio que las clasifica de muy mala calidad ecológica, suponiendo un riesgo grave para los ecosistemas que pueden verse afectados además de un grave riesgo para la salud de las personas por consumo de vegetales regados con estas aguas”.

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POZOS EN “MAL ESTADO” Y ACUÍFEROS “SOBREEXPLOTADOS”

A partir del año 2000, la comunidad de regante decidió ampliar la superficie regable autorizada por la Confederación Hidrográfica del Sur, para lo que comenzó a suscribir convenios de concesiones de agua con propietarios de pozos de aguas subterráneas “sin autorización del organismo de la cuenca”, según expone la Fiscalía, que señala que el agua de dichos pozos era considerada “mala” y además correspondía a acuíferos “sobreexplotados”.

Entre 2002 y 2016, a través de su presidente y los miembros de la junta de gobierno, Cuatro Vegas habría comprado agua de al menos cinco pozos que “no tenían autorización o concesión”, así como de otro más que sí tenía autorización pero “extrayendo agua con exceso de volumen permitido”; todo ello pese a encontrarse estos pozos en masa de agua calificada como “mala” por el Plan Hidrológico Nacional.

De este modo, la Comunidad de Regantes Cuatro Vegas, que “no tiene ningún aprovechamiento de aguas subterráneas”, habría extraído 4.243.770 metros cúbicos de agua de pozos que “carecen de título de aprovechamiento de agua” y, por tanto, no están autorizados para extraer agua subterránea.

Todos los pozos citados corresponden a la masa de agua subterránea denominada ‘Medio-Bajo Andarax’ que, conforme al Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, se encuentran “en mal estado, siendo su estado químico y su estado cuantitativo malo”.

La Fiscalía estima que la compra y extracción de agua por Cuatro Vegas tuvo “efectos ambientales negativos” al haber sacado agua de una masa “sobreexplotado”, lo que ha derivado en un “riesgo ambiental significativo” ya que “ha favorecido la rotura del balance hídrico y la generación de problemas a la masa de agua” que implica la “pérdida de la calidad” del recuso ante procesos de intrusión marina, la disminución del volumen de agua que reduce su capacidad de depuración y la alteración de los ecosistemas asociados al agua subterránea.

Por todo ello, además de las penas privativas de libertad y las multas económicas interesa que los acusados y solidariamente la Comunidad de Regantes Cuatro Vegas realice las obras de restauración encaminadas a restablecer, en la medida de lo posible, el equilibrio ecológico en los términos que señale la Consejería de Medio Ambiente, de modo que, de no efectuarlas, indemnice a la Junta en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia correspondiente al coste de reposición medioambiental de los terrenos y acuíferos afectados.

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