Córdoba, 4 Septiembre.- La Fiscalía ha pedido penas que suman 9 años y nueve meses de prisión a cada uno de los tres responsables de la Fundación Guadalquivir.
Se les acusa de fraude por quedarse parte del salario de dieciocho personas que contrataron a través de tres entidades mediante falsas donaciones.
En sus conclusiones provisionales, el fiscal califica los hechos como de un delito continuado contra el derecho de los trabajadores.
Por ello pide una condena de tres años y nueve meses de cárcel para cada uno de los acusados.
Y también otros dos de fraude de subvenciones o ayudas de las administraciones públicas, por las que reclama otros seis años en conjunto para cada uno de ellos.
Pese a que la acusación particular ejercida por Podemos, vincula el entramado asociativo al PSOE, la acusación pública no hace alusión alguna a esta circunstancia.
Modo de actuar
Según el fiscal, los acusados constituyeron entre 2008 y 2016 tres entidades, una fundación, una asociación de jóvenes y otra de vecinos.
Ello junto a otros familiares a los que no acusa, con las que llevaron a cabo “de común acuerdo y en acción conjunta” los hechos por los que se les acusa.
Las tres entidades lograron entre 2014 y 2016 subvenciones fundamentalmente del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba.
Pero también del Ayuntamiento de la capital y de la Fundación CajaSur por más de 700.000 euros.
El procedimiento que utilizaron consistía en solicitar a cada trabajador que bien firmasen la recepción de una cantidad, aunque percibiesen otra o que entregasen en metálico una supuesta donación a la entidad una vez que habían recibido el salario a través de un ingreso bancario.
Los trabajadores, asegura el fiscal, aceptaban ante la situación de “cubrir sus necesidad básicas” que presentaban.
Y se llegó a producir el despido de una empleada por negarse a participar en este sistema.
Por este proceso, el Ministerio Público describe operaciones que van desde los 241,94 euros hasta a los 951,18.
Junto a las penas de prisión, la Fiscalía incluye en su petición multas para cada uno de los tres acusados de 305.400 euros.
Asimismo, la imposibilidad de recibir subvenciones o ayudas públicas y del derecho a beneficios, incentivos fiscales o ayuda social durante cuatro años.
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