Redacción 2.8.2020.-
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha propuesto que el tercio más desfavorecido del planeta, unos 2.700 millones de personas en 132 países —de ellos, unos 520 millones de latinoamericanos—, accedan a una renta básica.
El costo, según cálculos iniciales, ascendería 199.000 millones de dólares.
Estiman que esta renta es imprescindible para que los países en vías de desarrollo puedan tomar las medidas necesarias, como confinamiento y distanciamiento social, para evitar la expansión del virus.
Achim Steiner, afirmó que “los tiempos sin precedentes requieren medidas sociales y económicas sin precedentes“, lo cual enmarcó esta renta básica en la temporalidad.
El PNUD ha defendido que la moratoria concedida por el G-20 a los países más pobres en el pago de la deuda se extienda también a los países en vías de desarrollo.
El problema de la propuesta de las Naciones Unidas, más allá de la demostrada incapacidad de la propia organización, se encuentra en la insuficiencia de la medida.
Es insuficiente por la escala temporal de la misma —tiempos sin precedentes— y es insuficiente por la propuesta para sufragarla, en el caso de la moratoria en el pago de la deuda.
El mundo necesita un cambio estructural profundo.
El problema de la propuesta de las Naciones Unidas, más allá de la demostrada incapacidad de la propia organización, se encuentra en la insuficiencia de la medida.
Es cierto que varios países, tanto en Latinoamérica como en otras regiones, han implementado o están implementando algún tipo de renta, ayuda o subsidio, en algunos casos temporales y en otros permanentes, de Togo a Brasil, pasando por España, Estados Unidos o Canadá.
Además, varios naciones lo estudian seriamente.
Pero ninguno de esos Estados afronta la raíz del problema, de solución tan obvia en la teoría como casi utópica en la práctica.
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