Redacción 3.6.2020.-
La movilidad entre comunidades limítrofes tendrá que esperar a que acabe la fase tres, un jarro de agua fría para el sector del turismo, que había visto en el posible adelanto al próximo lunes un balón de óxigeno a su maltrecha economía.
El Gobierno central admitió este pasado fin de semana que estudiaba la posibilidad de permitir los desplazamientos entre provincias y comunidades que el próximo 8 de junio entrasen en la fase 3.
Pero ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha venido a cerrar esa posibilidad: los gobiernos autonómicos podrán determinar la movilidad entre sus provincias en la fase 3 de la ‘desescalada’, pero el traslado entre distintas comunidades no se producirá hasta que se alcance la ‘nueva normalidad’ hasta el próximo 21 de junio como mínimo.
El rechazo de La Moncloa ha generado un notorio malestar entre los líderes territoriales que no entienden que si Pedro Sánchez aseguró a las comunidades que tendrían capacidad para negociar los flujos de personas entre territorios limítrofes siempre que ambos estuvieran en la fase 3 ahora se cambie por enésima vez de estrategia.
Este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Illa ha precisado que las autonomías pasarán a tener «gobernanza plena» en la fase 3, por lo que podrán decidir si permiten la movilidad entre las unidades territoriales de su propia comunidad.
También serán las comunidades las que propongan y decidan su progreso a la llamada «nueva normalidad», «momento en el que se puede dar la movilidad» entre las distintas comunidades autónomas. «Corresponde a los presidentes de las comunidades autónomas la adopción del pase a la nueva normalidad», ha subrayado.
Illa ha insistido en que es «imprescindible seguir a rajatabla» las recomendaciones de higiene y protección y ha adelantado que la obligación del uso de la mascarilla seguirá vigente cuando se alcance la nueva normalidad, al igual que será aún esencial mantener la distancia de seguridad de dos metros para evitar contagios.
El titular de Sanidad ha avanzado que el Gobierno está buscando el «instrumento jurídico más apropiado para preservar» durante la nueva normalidad «todo lo necesario» para evitar contagios.
Ha precisado, además, que la desescalada no se ha acelerado hasta la fecha, puesto que se han mantenido los plazos de 14 días y evaluado la evolución de la epidemia para permitir los cambios de fase.
A pesar del desmentido de Illa, algunas fuentes del Gobierno apuntan que la decisión sobre la movilidad entre comunidades no está tomada oficialmente y que todavía sería posible una modificación final autorizándolo.
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