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Mas de 10.900 quejas y 13.000 consultas atendidas por el Defensor del Pueblo en 2018

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Sevilla, 28 mar (EFE).- La Oficina del Defensor del Pueblo andaluz gestionó el pasado año 10.915 quejas, de las que 7.570 fueron nuevas (7.436 a instancia de parte y 134 de oficio) y el resto tramitadas de años anteriores, y 13.117 consultas.

Estos datos están recogidos en el informe anual entregado este jueves por el Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, a la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet. 

Según el informe, las quejas suponen un incremento del 11,2 % y las consultas subieron un 26,3 % con respecto a 2017, lo que sumado a las 729 acciones de promoción de derechos ofrece un balance total de 24.761 actuaciones en defensa y promoción de los derechos de la ciudadanía. 

En total, fueron 22.001 personas las que requirieron en el 2018 la intervención de este comisionado parlamentario. 

En cuanto al balance de sus actuaciones, cumplidos los cinco años de vigencia del mandato, Jesús Maeztu ha mencionado en rueda de prensa en Sevilla, el impacto de la crisis económica durante este periodo que, pese a los síntomas de recuperación una década más tarde, sigue siendo muy dura para muchos andaluces y andaluzas. 

“Todavía hoy se detectan núcleos de personas para quienes lo peor de la crisis aún no ha pasado y que necesitan de urgencia rentas de inserción para evitar la exclusión y la pobreza; ayudas para evitar el desahucio de sus viviendas; recursos para mantener a sus hijos a salvo de la pobreza infantil… Ellos no se han recuperado”, ha señalado Jesús Maeztu. 

“Ahora somos más conscientes de las amenazas de pérdida o retroceso de derechos y de lo costoso que sería su recuperación. Gracias a esta reacción, la sociedad está logrando la consolidación de muchos de ellos y que hoy se consideren, por todos, derechos indiscutibles. Ya no se toleran pasos atrás en los derechos conquistados”, ha señalado. 

Sobre dependencia y servicios sociales, las quejas se concentran en las vulneraciones del plazo para resolver el procedimiento administrativo. 

También las deficiencias de personal, sobrecargados por el aumento de la población destinataria de su intervención, así como un incremento de funciones y demandas ciudadanas a las que dar respuesta.

Respecto a la vivienda, Maeztu vuelve a exponer que un gran número de hogares no puedan acceder a una casa digna y adecuada, y aumentan las quejas por desahucios. 

Como novedad, este informe incorpora un capítulo para las personas inmigrantes en el que relata, entre otros asuntos, la dificultad para alcanzar la residencia legal.

En infancia, adolescencia y juventud, el Defensor se ha centrado en la situación de los menores de edad inmigrantes que llegan a las costas andaluzas sin referentes familiares. 

Según el Sistema Estadístico de Menores Extranjeros No Acompañados (SIME), durante el 2018 un total de 9.149 menores (8.592 niños y 557 niñas) han pasado por algún momento por el Sistema de Protección de Menores, 7.783 (7.386 niños y 397 niñas) ingresaron en la red de Centros de Protección y 3.488 (3.197 chicos y 291 chicas) se encontraban en algunos de los centros de protección o en acogimiento familiar a fecha 31 de diciembre del 2018. 

En cuanto a justicia, el informe señala una situación de colapso en los órganos judiciales y sobre las prisiones destacan los problemas de la población reclusa sorda o la petición de fomento del ejercicio de voto para los reclusos.

En igualdad, han sido significativas las quejas sobre el trato entre hombres y mujeres para el acceso al empleo público y la discriminación a consecuencia de la situación de maternidad. EFE

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