5 noviembre 2019.- La jueza que investiga el brote de listeriosis ha tomado declaración a la esposa de José Antonio Marín, una cuñada que trabajaba como administrativa en Magrudis y un comercial.
Los tres en condición de investigados, después de que el 26 de septiembre lo hiciesen el gerente y su hijo Sandro, que permanecen en prisión preventiva, así como otro hijo que fue puesto en libertad.
La esposa de Marín ha contestado durante una hora y media a un extenso interrogatorio de la magistrada.
A la sesión no ha acudido la Fiscalía y sí varias acusaciones particulares, como las ejercidas por la Junta de Andalucía y la asociación de consumidores Facua.
Ella era la responsable del plan de autocontrol de la empresa, y ha declarado que aplicó “medidas correctoras” después del positivo en listeria detectado en una muestra de carne mechada el pasado 22 de febrero.
En concreto, según ha explicado la investigada, se intensificó la limpieza de la maquinaria y hubo análisis “de todas las superficies y todos los productos” hasta junio.
La esposa del gerente también ha recordado que el plan de autocontrol fue diseñado precisamente por Microal en el 2015.
Igualmente declara que pasó las inspecciones anuales de los veterinarios del Ayuntamiento de Sevilla al menos hasta el 2017, por lo que seguía en vigor cuando se produjo ese positivo de febrero.
En cuanto a la cuñada del gerente y el comercial han señalado a la instructora que ellos no supieron que una muestra había dado positivo en la bacteria en febrero.
Los representantes de Magrudis han insistido en que en diciembre del 2018 presentaron una declaración responsable para obtener la licencia de actividad y el permiso para ampliar la nave del polígono industrial El Pino.
Y consideraron que los trámites se habían satisfechos al haber transcurrido los tres meses “por silencio administrativo”.
La comparecencia ante la juez no ha supuesto la imposición de ninguna medida cautelar para estos tres investigados, que están en libertad aunque dos de ellos, la cuñada de Marín y el comercial, llegaron a estar detenidos durante unas horas el 24 de septiembre, cuando la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil registró las instalaciones de Magrudis y varios domicilios.
José Antonio Marín y su hijo Sandro, en cambio, permanecen en la cárcel desde el 26 de septiembre, ya que la jueza rechazó sus recursos contra el ingreso en prisión al apreciar “indicios de criminalidad incontestables”, entre ellos que “ocultaron información a las autoridades sanitarias y ordenaron destruir documentos y productos”.
La magistrada atribuye a los investigados un delito contra la salud pública en concurso con tres delitos de homicidio por imprudencia, dos delitos de lesiones a feto con resultado de aborto y otro de lesiones imprudentes a un número de personas “que pudiera ascender a doscientas”.
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