31 de julio de 2020.- En los últimos meses han aumentado los casos de ocupaciones ilegales de viviendas propiedad de particulares y empresas. Y en la mayoría de las ocasiones, quienes están detrás son mafias que hacen negocio facilitando el acceso ilegal a personas con muy poca vulnerabilidad social.
Según datos del propio Ministerio del Interior, la ocupación ilegal ha crecido en España desde el año 2016 casi un 50% y entre 2018 y 2019 ha aumentado un 20%, hasta las 14.394 okupaciones.
Con estas cifras, los despachos de abogados han visto aumentar considerablemente las denuncias de propietarios por usurpación de la vivienda tanto la vacacional como la habitual.
El confinamiento provocado por el covid-19 ha sido aprovechado por los okupas para entrar ilegalmente y quedarse en los inmuebles, al verse obligados sus titulares a ausentarse tras la declaración del estado de alarma.
Hoy en día la mayoría de los okupas son personas sin necesidades sociales que aparecen en los juzgados para declarar “con móviles de última generación”.
Según fuentes judiciales, el problema no está en los juzgados, sino en la cobardía de los políticos que no reconocen que es un proceso antisocial y lesiona la propiedad privada. Hay muy pocos okupas con estado de necesidad. Para muchos es una forma de vivir.
El hecho es que no hay una respuesta rápida y útil por ninguna de las Administraciones y poderes públicos que pueden intervenir en primera instancia.
La vía civil parecía haber mejorado tras la última reforma procesal de 2018 (Ley 5/2018 de 11 de junio) limitada a viviendas y a propietarios particulares (no a bancos, socimis o promotoras).
Sin embargo, la falta de agilidad procesal provocada por la escasez de medios y de recursos provocan una demora injustificable, que aprovechan los ocupantes y las organizaciones que los dirigen.
Para solucionar el problema, el Consejo General de Colegios de administradores de Fincas de España aboga por modificar los procedimientos penales para establecer medidas específicas que permitan a las Fuerzas de Seguridad intervenir desde el primer momento en que es detectada y denunciada la ocupación por el titular.
También aboga por dotar de competencias a los ayuntamientos para que puedan ejercer competencias propias contra la ocupación ilegal, dado que alteran la convivencia en el inmueble y en el vecindario, provocan conflictividad social y generan problemas de seguridad.
Otra alternativa, sería modificar el código penal para endurecer la pena del delito de usurpación y que sea una pena de prisión menor (y no una simple multa).
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