Córdoba Legal y Tribunales

Los miembros de La Manada se niegan a declarar

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Redacción, 19 Noviembre.- El Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba celebró ayer la primera sesión del juicio a cuatro miembros de La Manada.

Se trata de los supuestos abusos sexuales cometidos en mayo de 2016 en Pozoblanco.

Los acusados, se han acogido a su derecho a no declarar y no han respondido a las preguntas ni de la defensa, ni del Ministerio Fiscal ni de las acusaciones particular y popular.

Los acusados se enfrentan a penas de siete años de prisión por los delitos de abuso sexual y contra la intimidad.

Ante el juez del Juzgado de lo Penal número 1 de Cordoba, Luis Javier Santos, se han declarado “inocentes” de los hechos.

El juez ha acordado demorar hasta la sentencia su decisión sobre la nulidad o no del vídeo de los hechos.

En este sentido, la defensa de los acusados solicitó al inicio de la vista el cambio de orden en la declaración de sus defendidos para que estos declararan después de la testificial de la víctima, además de la nulidad del vídeo que probaría lo supuestos abusos cometidos por los jóvenes.

En ambos casos, el magistrado de lo Penal número 1 de Córdoba rechazó sus peticiones aludiendo en primer término a la no vulneración de los derechos fundamentales de los acusados al declarar antes que la víctima.

En relación al vídeo, el juez ha remarcado que “no es la única prueba existente en el procedimiento”.

Y ha aludido al “consentimiento” prestado por los acusados ante el juez instructor de Pamplona.

Allí hallaron las grabaciones tras entregar sus teléfonos y la Policía Foral de Navarra inició investigación.

Además, ha recordado al abogado que la nulidad del documento gráfico debía haberse realizado a través del correspondiente recurso.

Tal y como adelantó a su llegada a los juzgados de Córdoba, la defensa solicitó la nulidad del vídeo en base a que “no existía autorización judicial expresa”.

“Es un exceso policial y  una investigación de carácter retrospectivo”, ha apuntado.

Señalando que lo que se pretendía era “buscar el hecho ilícito para que hubiera algo en lo que apoyar lo sucedido en Pamplona”.

La defensa ha denunciado que “por sospecha de que estos hombres hubieran podido cometer más actos delictivos, comienza la labor de un sabueso y se abre la investigación”.

Ha manifestado, además, que una vez descubiertos los vídeos, “el juez instructora de Pamplona debería haber remitido a Córdoba el caso”.

Este hecho no lo llevó a cabo, a su juicio, “porque se debió dar cuenta de que si hacía eso no iba a ninguna parte ante la inexistencia de la denuncia”.

En este sentido, ha declarado que el magistrado pamplonés “mandó a dos hábiles policías” para dar con la víctima de Pozoblanco y conseguir “el preciado trofeo: la denuncia”.

Sobre la licitud de la obtención de los vídeos, el Ministerio Fiscal ha recordado que fueron los acusados los que otorgaron su “consentimiento expreso”.

Dicho consentimiento se hizo extensible al día 8 de julio, cuando los acusados reiteraron esa autorización para acceder al contenido guardado en sus teléfonos.

Además, la Fiscalía ha señalado que “ninguno de los acusados han matizado nunca ni han condicionado dicho consentimiento” durante todo el proceso judicial.

Previa a que los acusados tomaran la palabra, la acusación particular presentó un informe médico de la víctima.

Esta, el pasado 27 de agosto, acudió a Urgencias por un intento de autolesión.

Asimismo, el magistrado recordó a las acusaciones y a la defensa la petición de la víctima de declarar durante la jornada de hoy mediante la utilización de una mampara para evitar el contacto visual con los acusados, solicitud aceptada por todas las partes y por el juez.

Por su parte, el abogado de la víctima y la de la acusación popular, se opusieron tanto a la petición de nulidad de la prueba principal como al cambio de orden en las testificales.

La sesión se ha reanudado hoy, martes,  con la declaración a puerta cerrada de la víctima para proteger y preservar su identidad.

Tras finalizar la sesión del juicio, el abogado de los acusados ha declarado que “se está haciendo un juicio sobre el juicio”.

Ha señalado que intentará demostrar que la autorización no era “una especie de barra libre para intervenir en cualquier tipo de hecho delictivo”.

Sobre la negativa de sus defendidos a declarar, ha manifestado que esta posición es fruto de la ilicitud de la obtención del vídeo.

Es la “prueba sobre la que se basan los dos delitos graves, el de abuso sexual y el de la intimidad”.

“Ante eso, es absurdo decir nada ni contestar a las preguntas, ni siquiera a las mías”, ha espetado el letrado de la defensa.

Por último, el letrado ha mostrado su “estupefacción” después de que haya sido la acusación popular y no la particular la que haya presentado el informe médico de autolesión de la supuesta víctima.

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