SEVILLA 08.03.2021/ Dailo González
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Sevilla y Málaga las más afectadas en cuanto a disoluciones matrimoniales
Las demandas de disolución matrimonial presentadas en 2020 en Andalucía mostraron importantes reducciones interanuales, con una disminución conjunta del 11.5% respecto al año anterior, según datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que han sido sacado a luz, ayer lunes.
En concreto, las demandas de divorcio consensuadas fueron de 9.216, un 9.4% menos que las del año 2019, donde se contabilizaron 8.417, un 12,9% menos; las 503 de separación consensuada, un 16,7% menos; y las 302 de separación contenciosa, un 24,7% menos. En 2020 se presentaron 18 demandas de nulidad, exactamente las mismas que en el 2019.
Este es el sexto año consecutivo de descenso de las demandas de divorcio matrimonial, las disminuciones de estas en el año 2020 han sido más evidente que en años anteriores, en parte por el parón administrativo, durante el primer estado de alarma por la pandemia.
En cambio, en 2019, la bajada fue del 1.5% en los divorcios consensuados, del 4.9% en los contenciosos, del 4.6% en las separaciones consensuadas y del 8.2% en las separaciones contenciosas.
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Datos de Andalucía y otras comunidades
En cuanto a las distintas provincias andaluzas, Sevilla y Málaga son las que mayor número de disoluciones matrimoniales presentaron, con 1.046 y 1.035 respectivamente. Les siguen Cádiz (766) y Granada (541), Córdoba (369) y Almería, con 337. Las que menos demandas de disoluciones matrimoniales presentaron fueron Jaén (307) y Huelva (239).
Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2020, se aprecia que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se dio en las Islas Canarias, con 23,6. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 23,5; Islas Baleares y Murcia, con 22,4; Andalucía, con 21,4; Cataluña, con 20,6; Cantabria, con 20,4 y Asturias, con 20,2. Todas ellas superaron la media nacional, que fue de 20 demandas de disolución matrimonial por cada 1.000 habitantes.
Las comunidades autónomas que se situaron por debajo de esa media fueron Castilla y León, con 16,4; País Vasco, con 16,8; y Aragón, con 16,9.
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