Sevilla, 27 de abril de 2019.- La Audiencia de Sevilla, la Sección Séptima, encargada de resolver los recursos de apelación del caso ERE, se pone firme frente a la insistencia de la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular de la Junta de Andalucía por recurrir las decisiones de la instructora, María Núñez Bolaños, de no investigar en cada una de las piezas separadas a los ex altos cargos de la Junta juzgados en la pieza política del caso sobre el «procedimiento específico».
En un auto del 29 de marzo, rechaza un nuevo recurso de la Junta por la no inclusión de Antonio Fernández como investigado en la ayuda concedida a Río Grande. La Sección Séptima, harta de los recursos insistentemente contrarios a la razón, considera que la acusación particular realiza «un ejercicio perturbador y abusivo del procedimiento penal en su vertiente del derecho al recurso que cae en la mala fe procesal».
La consecuencia de dicha actividad temeraria no es otra que la de imponer a la Junta el pago de las costas.
La Audiencia ya ha criticado en anteriores autos a los señores letrados de la Junta de Andalucía al manifestarles «que sorprende el criterio de los señores letrados de la Junta de Andalucía que han modificado su parecer».
No ejercieron la acusación contra estos ex altos cargos en la pieza política y ahora, con el cambio de gobierno se muestran insistentes en dicha investigación.
La citada Sección de la Audiencia Provincial también antes había afeado tanto a la Junta como al Ministerio Público que una y otra vez obligara a los magistrados a «hacer pronunciamiento sobre la misma cuestión» usando argumentos jurídicos que ya les han sido rechazados.
Pero hasta ahora recurrir no le costaba dinero a la Junta porque la Audiencia declaraba de oficio las costas.
Sin embargo, en este caso, el tribunal ha decidido imponer dichas costas al recurrente, el Gobierno andaluz. Considera que cuando la Junta apeló era «conocedora» del «criterio» de este tribunal respecto a los argumentos jurídicos expuestos en su recurso.
Es la insistencia que, tanto un Ministerio Público exageradamente inmerso en una batalla política, como un cuerpo de letrados que desarrollan sus labores, ahora, dirigidos por un Gobierno del PP, formación que inició la vía judicial del caso ERE y que ejerce la acusación popular, la que han provocado que los ciudadanos tenga que pagar estas costas.
