Sevilla, 26 may (EFE).- La consejera andaluza de Empleo, Rocío Blanco, ha cuestionado la derogación de la reforma laboral que prevé el Gobierno central.
Blanco ha sostenido que lo que necesitan las empresas en la situación actual de crisis económica es “estabilidad y flexibilidad”, por lo que cree que será “contraproducente”.
La consejera, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, se ha mostrado convencida de que la reversión de la reforma laboral desde el punto de vista técnico jurídico “no es posible o es muy difícil”, ya que -según ha precisado- “automáticamente no se recupera la norma anterior de hace díez años”.
“Las empresas necesitan un marco regulador estable, con flexibilidad y poder afrontar las nuevas circunstancias productivas a las que se enfrentan con la salida de la crisis”, ha considerado.
DIÁLOGO Y JORNADA LABORAL
Después de considerar fundamental el diálogo social para tomar este tipo de decisiones, Blanco ha advertido que la derogación supondrá derogar otros aspecto como la jornada laboral por conciliación, el preaviso de cinco días por parte del empresario en el caso de distribución irregular de la jornada al trabajador, el teletrabajo o el derecho a la formación.
Ha sostenido además que desde el punto de vista económico “también es contraproducente” porque a su juicio “un resurgimiento del intervencionismo administrativo en estos momentos es lo último que necesita el mercado de trabajo”.
Para la titular de Empleo, lo que hay que hacer es adaptar la situación económica adversa “evitando los despidos y manteniendo el empleo”, así como “dar señales” de confianza y estabilidad para que los 4 millones de trabajadores afectados por ERTE en España o el millón españoles que han perdido su empleo puedan reincorporarse a sus puestos de trabajo.
“Lo que hay que hacer es construir el futuro más que revisar el pasado”, ha apostillado.
GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL
Por otra parte, la consejera ha valorado que el Gobierno central haya “rectificado” y tenga la intención de incluir a las comunidades autónomas en la gestión del ingreso mínimo vital que se aprobará el viernes en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.
La Junta ha reivindicado continuamente que haya un mecanismo de coordinación con las comunidades para la articulación de esa renta mínima, una “competencia exclusiva” de las autonomías, como consta en mucha jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ha explicado Blanco.
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