Sevilla, 6.5.2020 (EFE).-
La Junta de Andalucía ha abierto dos informaciones reservadas sobre las mascarillas caducadas que se usaron en la provincia de Málaga, tanto para detectar “quién las había mandado allí desde 2014” y para evaluar su puesta en funcionamiento por parte de los técnicos.
El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha informado en el Parlamento de que además se les han hecho pruebas PCR a todos los profesionales que las utilizaron, entre los que no hay contagios.
Ha explicado que en un primer momento todas las comunidades “tiraron” del material que tenían y que, aunque estuviera caducado, era evaluado y si cumplía los mínimos controles de seguridad se ponían en circulación, debido al déficit que había.
Aguirre ha aludido a una normativa del Gobierno central que permitía el uso de mascarillas caducadas en ese momento y ha subrayado que no significaba que no filtraran, sino que su efectividad podía bajar del 100 al 70 por ciento.
Ha señalado que la Junta está intentando que el Centro Nacional de Medios de Protección haga la evaluación oportuna de todo lo que adquieren para retirarlo “a la mayor brevedad” si se establece que no cumplen las condiciones óptimas.
Ha admitido que también se adquirieron algunos lotes que no cumplían con los requisitos, al igual que otro lote que envió el Gobierno central a la comunidad.
El diputado socialista Jesús María Ruiz ha reclamado una investigación documentada, con facturas y albaranes, y ha pedido al consejero que huya de “la tentación de echarle la culpa a otros” y “pida perdón por las mentiras”.
Ruiz ha dicho a Aguirre que debe alejarse “de estas prácticas absolutamente inmorales” y ha rechazado que haga referencia a un informe del Gobierno, ya que según ha añadido se ha negado que esa norma hiciera referencia a las mascarillas quirúrgicas.
Ha subrayado “la casualidad” de que haya pasado lo mismo en comunidades como Madrid o Galicia, gobernadas por el PP, y ha cuestionado si ese es “el respeto que tiene a los profesionales”.
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