SEVILLA 12.6.2020 / Jose Manuel García Bautista
Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, acordó hoy viernes el sobreseimiento provisional de la causa que seguía contra el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación administrativa por permitir concentraciones multitudinarias, entre ellas la manifestación feminista del 8 de marzo al no ver indicios suficientes de delito.
La magistrada así lo decide tras escuchar en su declaración a Franco, en calidad de investigado, y a un total de 18 testigos que comparecieron, entre ellos el secretario general de la delegación del Gobierno, Fernando Talavera; siete funcionarios del organismo y 10 promotores de manifestaciones a los que llamaron para pedir que cancelaran sus concentraciones.
Fue el 23 de marzo cuando acordó admitir a trámite la denuncia de un particular, como los informes al médico forense adscrito al juzgado y a la Guardia Civil.
La juez concluye en el auto que el investigado, entre el 5 y el 14 de marzo de 2020 “no tuvo conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones”.
Igualmente Franco “no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario”, y añade que “ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó del delegado del Gobierno en Madrid que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del covid-19”.
Puede interponerse recurso ante la propia juez o ante la Audiencia Provincial de Madrid.
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