Legal y Tribunales Sevilla

La juez ordena que declaren trabajadores de las Peluquerías Low Cost

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Sevilla, 21 May.- La juez del Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, la magistrada Ana Escribano, que investiga a un grupo de 35 personas, la mayoría franquiciados de las peluquerías Low Cost, por haberse presuntamente beneficiado de falsos contratos de formación, obteniendo de forma fraudulenta bonificaciones y beneficios de las Seguridad Social, ha ordenado que declaren los trabajadores de cada una de las franquicias.

Según han indicado fuentes del caso, la magistrada ha decidido ordenar este procedimiento tras considerar y admitir la petición realizada por la Tesorería General de la Seguridad Social.

De esta manera, a partir del 10 de junio, van a declarar en sede judicial, y ante la juez instructora, estos trabajadores los cuales ya declararon ante la Policía Nacional.

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre, varios de los investigados aseguraron que ellos no decidían el tipo de contrato que hacían con los trabajadores, sino que era la Sociedad Franquiciadora de Peluquerías Low Cost S.L., cuyo dueño, David Llera, fue agredido por esas fechas a la salida de los juzgados por un grupo de franquiciados.

Así, en la instrucción, algunos franquiciados admitieron que conocían que los contratos eran de formación y estaban bonificados, “no tenían poder decisión” sobre el modelo de contrato y hacían lo que le decían.

Las deudas frente a la Seguridad Social por las irregularidades de estos contratos de los franquiciados, que tenían que abonar 25.000 euros a la empresa para abrir los locales, oscilan entre los 40.000 y los 66.000 euros, perdiendo en algunos casos hasta su vivienda para poder hacer frente a las mismas.

Igualmente, varios investigados pusieron de manifiesto la ausencia de la formación recibida por los trabajadores a través de la empresa, cuya dueña era María del María Romero, investigada y presuntamente pareja de David Llera.

Las subvenciones por formación obtenidas por la sociedad de Llera eran transferidas a la empresa de ésta para que impartiera la formación a los empleados de las peluquerías.

Cabe apuntar que la juez, tras tomar declaración a los principales acusados, los dueños de las empresas, acordó prohibir disponer a David Llera y María del Mar Romero de sus bienes así como de los bienes de sus sociedad, tras conocer un listado de los mismos facilitados por la Policía.

Entre éstos se encuentran, la vivienda de David Llera en Simón Verde –una urbanización en el Aljarafe sevillano–, una finca que tiene en Mairena del Aljarafe y los dos vehículos que están a su nombre, un Aston Martin y un Maserati.

Por su parte, Romero no podrá disponer por ahora de una finca en Gines, otra en Estepona (Málaga) y un vehículo Ranger Rover.

En su declaración, Llera, según comentó a los medios David Andana, uno de los abogados de las defensas presente en las declaraciones, reconoció haber recibido 1,5 millones de euros de la Seguridad Social en concepto de subvenciones para formación y, aunque era un dinero destinado a los franquiciados, él lo gestionó para costear la formación de los trabajadores.

De otro lado, negó que mantuviera una relación con la investigada y dueña de la empresa de formación, a la que transfería todo el dinero de las subvenciones.

Si bien, franquiciados y trabajadores han declarado ya en el marco de la investigación de que sí eran pareja.

Con todo, Llera apuntó que el hecho de formalizar contratos de formación con los trabajadores de las peluquerías era una decisión de los franquiciados, aunque él ofreciera esta posibilidad.

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