SEVILLA 26.3.2021 / Carlos Medina Almazán
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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido que la “administración de Justicia debe contribuir a minimizar en todo lo posible el sufrimiento de las niñas y niños afectados por los asuntos que llegan a los tribunales”.
La falta de juzgados especializados en Familia es una realidad en buena parte del territorio español que afecta a quienes deber recurrir a la justicia para resolver conflictos como los derivados de un divorcio, con menores de por medio, y cuya resolución se alarga hasta dos años provocando una importante carga emocional.
Así se ha puesto de manifiesto durante el I Congreso de la Infancia y Adolescencia organizado por la Plataforma Derecho y Familia, y los Colegios de Abogados de Madrid (ICAM) y Barcelona (ICAB), en el que se ha abordado la necesidad de una especialidad en familia.
En declaraciones a Efe, la responsable de Familia del ICAM, Ángela Cerrillos, ha señalado que el problema de la falta de juzgados de Familia es de una magnitud “tremenda” y provoca importantes desigualdades en el acceso a la Justicia ya que, mientras algunas personas pueden acceder a un juzgado especializado, otras, según donde vivan, deberán acudir a uno de instancia.
La diferencia entre uno y otro es sustancial cuando hay menores de por medio, según ha relatado Cerrillos, que detalla que mientras un juzgado especializado tiene bien claro que el tratamiento que hay que dar a los menores debe ser acorde con su edad, intentando que el proceso sea lo más amable posible, en uno no especializado a veces se pretende que el menor entre en la sala y se le somete a un interrogatorio si los abogados no están atentos o protestan.
A esto se suma la tardanza en la resolución de los conflictos, en los que la evaluación psicológica puede tardar hasta dos años, y que aumenta la carga emocional que sufren las familias inmersas en un proceso de divorcio.
“Lo que no es razonable es que si todos los ciudadanos pagamos impuestos, que esos impuestos en el área de Justicia y de familia tengan un mejor uso para unos ciudadanos que para otros”, ha lamentado Cerrillos.
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También la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca, ha abogado por la especialización y reconoce que no entiende las “reticencias” al respecto. “En materia de derecho de familia es conveniente establecer especializaciones porque los procedimientos, especialmente cuando hay menores, son inacabables”.
Las decisiones sobre los menores -ha explicado- deben irse modificando y adaptando a las circunstancias de cada caso porque no es lo mismo un niño de 4 años que un chaval de 15 y las medidas que afectan a uno u otro también cambian.
En el mismo sentido, el magistrado jubilado del Tribunal Supremo José Antonio Seijas Quintana ha advertido del “efecto irreversible” que el tiempo tiene en la vida del niño que, al crecer, tiene distintas necesidades y ha defendido la especialización porque “en juego está la familia, el interés del menor y la seguridad jurídica, que se nos escapa por todos los lados”.
El magistrado de la sala primera del Tribunal Supremo, José Luis Seoane, ha advertido de que el derecho de familia está en constante transformación, por lo que requiere una especialización para que quienes se dediquen a esta materia estén al tanto de dichos cambios.
Ha destacado cómo en los últimos años se ha pasado de una familia patriarcal extensa a una diversidad de situaciones que van desde familias monoparentales, reconstituidas, extendidas en el tiempo por los problemas económicos de los hijos, matrimonios de personas del mismo sexo, parejas de hecho, etcétera.
La letrada Mercè Pigem i Palmés también cree que la complejidad y variedad de situaciones obligan a una especialización y ha lamentado que, a pesar de que se han creado muchos juzgados de familia, se trata de una “realidad limitada”.
En la inauguración del Congreso, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido que la “administración de Justicia debe contribuir a minimizar en todo lo posible el sufrimiento de las niñas y niños afectados por los asuntos que llegan a los tribunales”.
Además ha destacado la necesidad de fomentar el uso de otras formas de resolver los conflictos, como los medios adecuados de solución de controversias (MASC), para conseguir que “solo unos pocos asuntos de familia lleguen a los tribunales”.
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