Redacción, 25 Octubre.- La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia ha comenzado a sacar a subasta pública los bienes intervenidos en la clínica de iDental en Rivas Vaciamadrid (Madrid).
El objetivo es recaudar el dinero necesario para indemnizar a los afectados por el presunto fraude de esta cadena dental.
Sin embargo, fuentes cercanas al proceso aseguran que la mayoría de los bienes están ya embargados y que será muy difícil que los afectados obtengan indemnizaciones.
Será en varias fases
Esta operación de subasta se realizará en varias fases, debido a «la gran variedad y elevado número de activos».
También debido a las dimensiones del antiguo edificio de iDental en la ciudad madrileña.
Está enmarcada en la investigación del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Y a la subasta se puede acceder desde la página web del Ministerio.
Además, de acuerdo con la información de estas mismas fuentes, «en los próximos días» se iniciará la venta de otros bienes de clínicas de iDental ubicadas en Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
En total, la compañía contaba con hasta 24 clínicas, todas ellas cerradas tras las denuncias de fraude.
Según las pujas actuales ya formuladas, la primera tanda de subastas, que concluye este jueves, podría recaudar en total más de 82.000 euros.
Incluye equipamiento médico y de laboratorio como tres equipos de rayos X (de entre 450 y 8.600 euros), casi una veintena de micro motores, cinco autoclaves, incubadoras, motores de implantes o localizadores de ápices.
También se puede encontrar mobiliario variado como 14 televisores (2.000 euros en total); decenas de sillas, mesas de café, taburetes o sillones; microondas, impresoras y pantallas de ordenador; y hasta 40 sillones dentales.
Las pujas se mueven entre los 800 y 2.000 euros, dependiendo del modelo.
Ya hay abierta una segunda tanda de subastas, con unos 50 productos diferentes, que finalizará el próximo 5 de diciembre.
Las pujas ya alcanzan en total más de 15.000 euros, con hornos cerámicos de 650 a 3.100 euros; soldadoras, recortadoras de modelos, mesas de aspiración, fresadoras dentales, fresadoras o bombas de vacío.
El caso iDental, en la Audiencia Nacional
El pasado 24 de mayo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José De La Mata, puso fin a la instrucción de la primera pieza separada del ‘caso iDental’.
Y propuso juzgar a la que fuera su cúpula directiva por 24 delitos contra la Seguridad Social, que causaron presuntamente un perjuicio a las arcas públicas de 23,6 millones de euros.
El magistrado ve indicios suficientes para sentar en el banquillo a los primeros administradores de iDental, Javier García Pellicer y Vicente Castañer Blasco.
Estos junto a los posteriores propietarios, Luis Sans Huecas y los hermanos José María y Juan Garrido López.
Así como a quienes entiende fueron sus colaboradores, José Luis González y Domingo Bejarano.
Los perjudicados: los pacientes
Los afectados finales, además de la Hacienda Pública y la entidad financiera Bankia, son los pacientes.
En enero de 2018, constaban más de 8.500 denuncias en Consumo por las prácticas de iDental, aunque las fuentes jurídicas consultadas calculan que en la actualidad podrían superar con creces esta cifra.
Al cierre del año pasado, el juez De La Mata había abierto ya 1.500 piezas separadas en la causa, una por paciente identificado.
La instrucción apunta que iDental engañaba a sus clientes haciéndoles contratar préstamos para financiar sus tratamientos dentales con supuestos descuentos de hasta el 80 por ciento.
Ello a costa de inflar el presupuesto y basándose en supuestas subvenciones de organismos públicos estatales inexistentes y políticas muy agresivas de marketing.
De este modo, tratamientos que debían ejecutarse en cuestión de meses, se prolongaban hasta dos años.
En dicho plazo las clínicas se garantizaban que la entidad financiera que respondía por el tratamiento del paciente seguía cobrando las cuotas.
Con algunos clientes no llegaron a completar la asistencia contratada.
A otros, la mala praxis en las clínicas les ocasionó lesiones e incluso contagios.
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