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Junta asegura que “no existe” ni “se pidió” informe sobre Mezquita-Catedral

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Redacción, Córdoba, 26.4.2019.- El Delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo, ha asegurado este vienes que “no existe” ni tampoco “se pidió” informe alguno a los servicios jurídicos de la administración sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral.

En rueda de prensa, Repullo asegura que la Junta de Andalucía nunca elaboró dicho informe al conocer de forma oral por los abogados de la administración que la propiedad del templo era de la Iglesia.

Repullo se ha mostrado “sorprendido” de que tras “indagar” sobre el asunto no se haya encontrado “ni siquiera una solicitud de informe a los servicios jurídicos”, por lo que “no ha habido ni la oportunidad de poder realizar el informe” que ha calificado de “fantasma”.

Los hechos se remontan a febrero del 2014 cuando la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y ante la incipiente polémica sobre la titularidad del templo auspiciada por una plataforma ciudadana, anunció que se estaban “estudiando” instrumentos jurídicos para revertir la inmatriculación llevada a cabo por la Iglesia en el 2006.

En aquella fecha, la delegada del Gobierno andaluz y hoy alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, confirmó que se había optado por pedir un informe a los servicios jurídicos de la Junta para saber si se podía solicitar la titularidad pública del templo, un documento que nunca se hizo público.

En el 2016, y siendo ya Ambrosio alcaldesa de la ciudad, un informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Córdoba desveló que la institución municipal no tenía “posibilidad legal alguna de inscribir a su nombre la Mezquita-Catedral” de la capital cordobesa.

Sin alusión al supuesto informe de la Junta de Andalucía, el pasado año se dio a conocer el elaborado por una comisión de expertos, encargado por el Ayuntamiento de Córdoba, que defendía que el templo “nunca” fue propiedad de la Iglesia y planteaba recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la inmatriculación en el 2006.

Sin embargo, la alcaldesa ha asegurado hoy que ella leyó el informe jurídico de la Junta de Andalucía que nunca se hizo público y ha instado a la administración regional a que “lo busquen”, si bien ha rechazado comentar el contenido del mismo ya que no le “corresponde” a ella hacerlo.

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