11 diciembre 2019.- La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva juzga desde este miércoles y hasta el viernes a los tres acusados de vender a una menor a una familia rumana.
El Ministerio Fiscal pide 14 años de prisión para la madre de la chica por un presunto delito de trata de personas.
También pide seis años para una madre y su hijo, que se casó con la menor y la dejó embarazada, y al que piden además cuatro años de prisión por un supuesto abuso sexual.
Tanto para el padre de la menor como para el marido de la otra acusada, la Fiscalía pide que se deduzca testimonio de los hechos para que se inicie un procedimiento respecto a ellos.
Hace un año que agentes de la Policía Nacional liberaron en Huelva a una menor embarazada que “fue previamente vendida por sus progenitores”.
Según informó la Policía, “la venta de la joven, de 16 años de edad y natural de Rumanía, fue orquestada por sus padres a cambio de 8.000 euros a una familia rumana para que contrajera matrimonio con un varón del clan”.
Los padres habían denunciado de manera falsa el rapto de la menor en Rumanía.
En la denuncia inicial, presentada por los padres de la menor, ambos explicaban cómo habían conocido el supuesto secuestro de su hija a través de otra joven de su misma ciudad.
Asimismo afirmaron haber intentado ponerse en contacto con la víctima a través de su teléfono móvil y también a través de familiares y amigos, sin obtener ningún resultado.
Aseguraban que fue la menor quien contactó después con ellos mediante una llamada telefónica en la que les contó que estaba en España, casada ya con un varón rumano del que desconocía sus datos personales.
Más adelante, según afirmaban en esta denuncia falsa, la menor les pidió dinero para poder volver a casa y comprar algo de ropa porque aseguraba no tener con qué vestirse.
Además, les decía que era víctima de palizas y que estaba siendo obligada a prostituirse en clubes de alterne junto a otra joven de 22 años en la localidad onubense de Almonte.
RECLAMABAN 150 EUROS PARA UN ABORTO
Los padres explicaron cómo en otra ocasión fueron contactados a través de una llamada realizada por la matriarca de esta familia rumana, reclamando 150 euros para costear un aborto de la víctima.
Tras asegurar los padres que pagaron esa cantidad, fue el hermano de la menor quien recibió en su móvil una fotografía de su hermana en la que llevaba el brazo izquierdo escayolado y un hematoma en su ojo izquierdo.
Los padres también aseguraban en su denuncia que aprovecharon un viaje a España de su sobrina para hacerle llegar a su hija algo de ropa y 150 euros.
Semanas después, la madre de la menor aseguró haber recibido otra llamada de su hija solicitándole el envío de más dinero, esta vez 350 euros.
Al parecer había conseguido escapar de sus captores pero desconocía su paradero y cuando el padre comunicó al marido de la menor su intención de viajar a España para rescatar a su hija, esté le amenazó de muerte.
Finalmente se pudo constatar cómo este clan habría pagado 8.000 euros a los padres de la víctima a cambio de un documento mediante el que autorizaban a su hija a salir de Rumanía y residir en España.
Este escrito, cuya legalidad ya ha sido comprobada, fue hallado por los agentes en el momento de las detenciones.
Además,la madre de la menor llegó a confesar que “su intención real era recuperar a su hija para volverla a vender a otro ciudadano rumano que tenía más capacidad económica que el anterior”.
En una primera intervención policial se detuvo a los miembros del clan rumano que supuestamente la tenía retenida, por su supuesta implicación en un delito de trata de seres humanos a través de matrimonios forzados.
Para la detención de los padres se solicitaron sendas órdenes europeas de detención y entrega por simulación de delito y por trata de seres humanos para la realización de matrimonio forzado.
Poco después las investigaciones situaron a la madre en Huelva y al padre en Rumanía, mientras que la joven, una vez liberada, fue trasladada a un centro de menores dependiente de la Junta de Andalucía.
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