Sevilla, 11.6.2019*.- El juicio contra 34 miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) para quienes la Fiscalía solicita 1 año y 11 meses de cárcel por los presuntos delitos de coacciones y daños ha comenzado este martes en Sevilla sin que ninguno de los acusados haya comparecido en la sala.
Los hechos que se juzgan ahora ocurrieron del 25 al 27 de noviembre de 2008 en la finca La Jarilla, en el término municipal de La Rinconada (Sevilla), donde los procesados acudieron “en grupo y conjuntamente con la finalidad de presionar a los trabajadores de la finca para que iniciaran o continuaran una huelga“, según el escrito de acusación de la Fiscalía.
Al ser la petición de condena inferior a dos años, los encausados tienen derecho a no asistir a la vista oral y así ha ocurrido, aunque los diez testigos que han declarado en el Juzgado de lo Penal número 4, la mayoría jornaleros de la finca, han afirmado que no pueden concretar con nombres y apellidos quién les impidió trabajar.
La defensa de los sindicalistas, a cargo del bufete Legalcores, ha solicitado la libre absolución de sus clientes basándose en que el Tribunal Supremo ya archivó el caso contra uno de los máximos responsables del SAT, Diego Cañamero, con condición de aforado al ser diputado.
“Si se celebra el juicio, se estará vulnerando el derecho a la igualdad. No estamos ante casos semejantes, sino ante los mismos hechos. El propio Supremo identifica a Cañamero como autor, mientras que los procesados no tenían ese papel director“, ha indicado el abogado David Rodríguez.
“El Supremo valoró una conducta específica de una persona, pero respecto al resto no se ha individualizado su conducta“, ha replicado el fiscal.
La defensa también ha solicitado la nulidad parcial de los autos de incoación de procedimiento abreviado y apertura de juicio oral porque “no hay ninguna referencia a hechos que se puedan incardinar en el delito de coacciones“, pero el Ministerio Público ha contestado que “la descripción es genérica y la calificación la hacen las acusaciones” y la magistrada ha rechazado esa cuestión previa.
En todo caso, el abogado de la mayoría de los acusados ha expresado su confianza en que el fiscal retire las acusaciones cuando pasen por la sala los cerca de cincuenta testigos previstos.
La fase testifical ha comenzado con el representante de la sociedad propietaria de la finca, quien ha reconocido que ya no reclama ni civil ni penalmente porque “la empresa ganó el procedimiento por la vía laboral” y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmó esa sentencia.
Después ha comparecido el dueño de un tractor cuyas ruedas fueron dañadas durante la protesta, que ha dicho que no vio “quién hizo” aquello.
En cuanto a los ocho jornaleros que han declarado, todos han coincidido en que presentaron una denuncia colectiva porque les impidieron trabajar, aunque luego la retiraron, y en que no saben qué personas formaban el piquete.
Además de 23 meses de cárcel para cada acusado por coacciones y daños, la Fiscalía reclama el pago solidario de una indemnización de 3.060 euros, mientras que por los daños al tractor pide una multa de ocho meses con una cuota diaria de 6 euros.
De acuerdo con su relato, los componentes del SAT “insultaron a los trabajadores y a los empresarios (…) y causaron diversos destrozos” con el fin de “impedir el desarrollo de la producción y que los trabajadores que deseaban trabajar esos días no pudieran hacerlo“.
