Huelva, 18 Octubre.- Una nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial son dos de las principales demandas de los jueces decanos de España.
Esto permitiría una efectiva modernización de la Justicia, así como la creación de oficinas sociales y de atención a víctimas, para promover su humanización.
Así se recoge en el documento de conclusiones de las XXIX Jornadas Nacionales de Juezas y Jueces Decanos de España.
Lo han presentado hoy en rueda de prensa en Huelva donde desde el miércoles se celebra esta cita que ha sido clausurada este mediodía.
Los decanos de Huelva, Bilbao, Sevilla, Málaga, Hospitalet, Vigo y el de la Audiencia Nacional, han sido los encargados de dar lectura a dichas conclusiones.
Estas las elevarán al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la idea de que pueda mejorarse la administración de Justicia.
En relación con la modernización de dicha administración, demandan la promulgación de una nueva Ley de Planta y Demarcación.
La misma está “obsoleta” pese a los últimos parches que ha sufrido a lo largo de estos años.
Ello para lograr “dotar a España de una justicia que sea un servicio público al ciudadano que funcione de manera adecuada y eficaz”, precisan.
Sobre juzgados concretos, entienden que es necesario que se generalice la comarcalización de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Y en cuanto a los especializados en cláusulas suelo, actualmente “en estado precario” y con una “carga insoportable de trabajo”.
Exigen que se dé cumplimiento a la palabra que empeñaron tanto el Ministerio de Justicia como el CGPJ, en el sentido de “designar un juez de refuerzo más por cada 800 nuevos asuntos”.
Nuevas oficinas judiciales
Asimismo, en aras de llevar a cabo una efectiva humanización de la Justicia, demandan la necesidad de contar con oficinas de carácter social y de atención a las víctimas en todos los partidos judiciales.
O al menos en los de capital de provincia, dotados con medios personales y materiales suficientes para dar una debida atención y asesoramiento.
En esta oficina de atención integral se atendería especialmente los supuestos de desahucio y a las personas en riesgo de exclusión social.
En este ámbito, proponen también, tras las experiencias llevadas a cabo en Cataluña y Valencia, incorporar la figura del ‘Coordinador de parentalidad‘ en el sistema.
Esto consiste en nombrar por parte del juez a un experto en relaciones familiares que ayuda, apoya y asesora a los progenitores en el ejercicio de su parentalidad y al mismo tiempo informa al Juez de las vicisitudes que afectan a los hijos e hijas menores.
La reclamación de que la carrera judicial recupere los derechos económicos perdidos, una vez superada la grave crisis económica, como ya lo han hecho otros sectores.
O el que se termine con “las distorsiones” en la implantación del expediente judicial electrónico, son otras de las demandas.
Por último, ante la situación en Cataluña han mostrado su “total apoyo, afecto y solidaridad” con los jueces que ejercen su labor en todos los juzgados catalanes, en defensa del cumplimiento de la legalidad y del Estado de Derecho.
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