La sentencia europea que debe dilucidar sobre el IRPH (Indice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) afectará a más de un millón de hipotecas.
Este tipo aplicado habrá de considerarse abusivo por falta de transparencia en su negociación. Este hecho planea sobre el sector bancario y el Gobierno, en pleno periodo electoral.
El Ejecutivo de Sánchez, que ha consultado a varios ministerios, no quiere verse sorprendido en plena campaña por un tema de alto impacto social.
El Ministerio de Economía maneja un informe confidencial del Banco de España en el que se advierte que un fallo desfavorable provocaría un golpe a los bancos que puede llegar a estar por encima de 60.000 millones de euros.
Hasta ahora se tenía conocimiento del estudio realizado por Goldman Sachs que estimaba ese coste entre 7.000 y 44.000 millones, según sea el fallo del TJUE, pero los datos aportados suponen que se compare su coste (por arriba) con el del rescate a la banca en plena crisis.
La primera vista oral ante el TJUE se celebró el pasado 25 de febrero. La abogacía del Estado defendió la validez del IRPH en las hipotecas por ser un dato público y transparente, elaborado por el Banco de España.
La propia Comisión Europea presentó un informe desfavorable basado en la legislación comunitaria sobre derechos de los consumidores.
Advertía que, al igual que ocurrió con las cláusulas suelo, al cliente no se le explicó bien el funcionamiento de este índice ni se le hicieron siempre las comparaciones y simulaciones necesarias.
Los abogados del Estado defendían sus argumentos con una sentencia de finales de 2017 del Tribunal Supremo, que daba validez al índice y su uso como referencia en las hipotecas.
Esa sentencia tuvo dos votos particulares en contra, si bien no fue recurrida por el Estado en ningún momento (ni ante la UE ni ante el Constitucional).
Se estima que hay más de 1,3 millones de hipotecas referenciadas al IRPH en España, que llevan dos décadas pagando una media de 1.000 euros al año más que las que se centran en el euribor.
Según los datos publicados por los Registradores, fue entre 2004 y 2007, en pleno boom inmobiliario, cuando más se utilizó el IRPH, hasta en el 20% de los créditos hipotecarios que se hacían en España, si bien en la actualidad su uso es residual y apenas llega al 1% del total.
Preocupación en el Banco de España
La preocupación en el Banco de España por el sentido que pueda tener la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se disimula.
En primer lugar, porque el IRPH funcionó durante años como un índice oficial, publicado por el supervisor regularmente y reglamentado administrativamente.
Una sentencia que atacara la configuración del índice -no su eventual aplicación abusiva por las entidades- supondría una deslegitimación en toda regla para una institución con la reputación ya muy dañada por su responsabilidad en la crisis financiera.
En segundo lugar, porque, la depuración de responsabilidades por la mala utilización de ese índice de referencia hipotecario puede suponer que las cuentas de las entidades españolas se vean muy afectadas.
El Banco de España confia en que la argumentación trasladada al TJUE por los servicios jurídicos del Banco de España acredite tanto la legalidad como la transparencia del IRPH y diluya las dudas de la Comisión Europea respecto a la supuesta opacidad del indicador y la capacidad de las entidades financieras para condicionar su evolución.
La autoridad bancaria española entiende que si hay algún pronunciamiento por parte del Tribunal Europeo éste debería apuntar a la utilización abusiva o directamente fraudulenta del índice por parte de las entidades. Esta argumentación se sustenta, punto por punto, en la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo en 2017.
También te interesará:
2 comments
Hola ..José Manuel. Soy Juan paz :esto me beneficia a mi también o ya es tarde para lo mío, gracias y un saludo .
Buenas noches. Habrá que estudiarlo.