14 noviembre 2019.- Unicef, Save The Children, Fundación Raíces, la Plataforma de infancia y el Consejo General de la Abogacía Española se han dirigido a la Fiscal General del Estado y al Defensor del Pueblo.
El motivo es mostrarles su profunda preocupación acerca del fenómeno de estigmatización creciente en torno a los niños migrantes que llegan solos a España (MENAS).
Las ONGs enviaron una carta conjunta instando a las autoridades a que tomen medidas urgentes para proteger la integridad y la vida de estos niños.
Según refieren, durante los últimos meses se han dado numerosos casos en los que se ha criminalizado a estos niños y adolescentes a nivel social y político.
Se ha hecho mediante discursos que les tratan, de manera colectiva, como una amenaza social y un problema de orden público, relacionándolos directamente con la comisión de delitos y de actos violentos.
Temen que la proliferación de estos mensajes de criminalización y de odio esté calando en la sociedad.
Como prueba de ello se han referido a las manifestaciones o actos llevados a cabo en El Masnou en Catalunya, en el barrio de la Macarena en Sevilla y delante de los Centros de Menores de Hortaleza en Madrid.
Quienes los llevan a cabo persiguen que la sociedad les perciban como una amenaza a la seguridad ciudadana.
Estos actos vulneran los derechos fundamentales de estos niños y ponen en grave peligro su integridad física, psíquica y moral en la medida en que contribuyen a que se desencadenen actos xenófobos o de odio contra ellos.
Insisten en que en ningún caso debe darse a entender a través de declaraciones o acciones que “niño migrante no acompañado” es sinónimo de delincuente o de problema de orden público.
Una afirmación general sobre su criminalidad vulnera el principio de no discriminación y la presunción de inocencia.
Así lo dispone el artículo 40 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por España.
Igualmente, recuerdan que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección del Menor proclama la protección del derecho al honor y la inviolabilidad del domicilio de los menores.
En estos casos, la misma Ley prevé expresamente la intervención inmediata del Ministerio Fiscal.
La finalidad es “impedir y exigir la reparación de cualquier intromisión ilegítima en la intimidad, honra o reputación de los menores que se produzca a través de los medios de comunicación”.
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