SEVILLA 16.9.2020 / Jose Manuel García Bautista
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha ordenado a los fiscales que refuercen su intervención en defensa de los derechos de los perjudicados por los delitos de usurpación de bienes inmuebles –viviendas deshabitadas y vacías– y allanamiento de morada –primeras o segundas residencias–.
La orden les pide que recurran con la “mayor inmediatez” a las herramientas legales disponibles en el ordenamiento jurídico español. Todo ello con el fin de “restablecer el legítimo derecho del denunciante” y “evitar la persistencia en el tiempo de la conducta delictiva en tanto se tramita el correspondiente procedimiento”.
La sentencia n.º 1/2020 –anunciada este martes por la fiscal general del Estado durante su discurso de apertura de año judicial la pasada semana– ofrece criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles, dando prioridad al desalojo si se entró con violencia, si el dueño es un particular y si afecta a los vecinos.
En los casos de allanamiento de morada, los fiscales podrán pedir el desalojo de forma inmediata, siempre que cuenten con la información suficiente. Según el documento, basta con “la entrada en el juzgado de guardia” del atestado policial. Además, la fiscal reconoce como morada las segundas residencias. “Una vivienda es domicilio aun cuando en el momento del registro no esté habitada […], resultando irrelevante la intensidad y periodicidad con la que se desarrolle la vida privada en el mismo”.
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Otro caso es el de viviendas deshabitadas que no estén en proceso de comercialización o reforma a fin de permitir un uso futuro. Ahí los fiscales deberán atender “a la concurrencia de otras circunstancias” para solicitar el desalojo, si bien la instrucción no dice cuáles. Y en el caso de la usurpación de inmuebles de entidades privadas, por ejemplo los bancos, se pedirá el desalojo cuando “se constate la existencia de un efectivo riesgo de quebranto para los bienes jurídicos de la misma”, indica la orden.
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Desalojo de los okupas
Como novedad, se tendrá en consideración no solo a las víctimas o perjudicados por el delito, sino también a los vecinos a los que la okupación pueda suponer un perjuicio directo en el pleno ejercicio de sus derechos. Esto se debe a que “a los perjuicios que estas acciones ocasionan a los titulares de los inmuebles ocupados, se unen los problemas de convivencia a los que pueden dar lugar en el entorno social en el que las mismas se producen”, señala la fiscal Delgado.
Eso sí, el documento advierte de que cuando el desalojo afecte a personas de especial vulnerabilidad –como son familias con menores, desamparo o discapacitados–, se informará no solo al juzgado, sino también a los servicios sociales a fin de que se adopten con carácter previo al desalojo las medidas oportunas para su protección, incluida una solución habitacional.
En todo caso, la sentencia recuerda a los fiscales que deben velar por la “prudencia y el escrupuloso respeto” de las garantías de los investigados, por lo que se aconseja ofrecer a los okupas la oportunidad de comparecer ante el juzgado a fin de determinar la eventual existencia de un título que justifique su posesión del inmueble y también para dar su visión de los hechos.
En caso de que estos no comparezcan o resulte inviable entregarles las citaciones judiciales porque los okupas lo eviten, el procedimiento de desalojo no quedaría paralizado, pues no existe razón alguna para adoptar esta medida cautelar tras darle la oportunidad al okupa de explicarse. Es más, podría ser utilizado como una estrategia procesal para dilatar el desalojo. Y es que la Fiscalía considera que la okupación “ha generado una preocupación social y una innegable sensación de inseguridad en la ciudadanía”.
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