Existe una disposición en el Reglamento de la Organización Común de Mercados que permite tomar decisiones de carácter regulatorio por parte de los Estados Miembros.
Madrid, 1.8.2019 (EFE).-
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación prepara, junto a los sectores del aceite de oliva y del vino, medidas para “lograr una regulación efectiva de la oferta en los mercados”, dada la volatilidad de los precios en origen para los productores y la variabilidad de las cosechas.
El Ministerio ha avanzado que mantienen contacto con representantes de ambos sectores para seguir trabajando e, incluso, en el caso del vino elaborar una “hoja de ruta con las medidas concretas y el calendario previsible de desarrollo y aplicación”.
En el caso del aceite de oliva, el Departamento ha recordado el proceso de negociación con la Comisión Europea para poner en marcha un mecanismo de almacenamiento privado voluntario, a propuesta de Cooperativas Agro-alimentarias.
Con esta medida, en años en los que las disponibilidades de aceite son muy superiores a la media, las cooperativas podrán almacenar una parte del aceite, de una calidad determinada,
“hasta que las condiciones de equilibrio entre oferta y demanda se restablezcan”.
Esta propuesta ha sido defendida por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones en el consejo de Bruselas del pasado 15 de julio.
Además, en el contexto de las negociaciones para la nueva Política Agraria Común (PAC) post 2020, España ha solicitado que se incorpore
“un dispositivo que permita una retirada de manera obligatoria de aceite de oliva por parte de todo el sector, no solo del cooperativo”.
Por su parte, y en lo que respecta al sector vitivinícola, explica que, a partir de propuestas de al Interprofesional del Vino, se trabaja en “medidas para la estabilidad y calidad”, en un sector con una reglamentación comunitaria más amplia en tema de regulación
En este sentido, ha recordado que existe una disposición en el Reglamento de la Organización Común de Mercados que permite tomar decisiones de carácter regulatorio por parte de los Estados Miembros.
Por una parte, el MAPA ha anunciado que
“estudiará la elaboración de una propuesta de norma de calidad para la uva de vinificación”, que podrá incluir requisitos mínimos “como el contenido máximo de ácido glucónico, graduación mínima o rendimientos máximos por hectárea.
Y por otra, trabajará para establecer una
“medida de regulación que permitiría retirar del mercado una determinada cantidad de vino sin indicación geográfica y de características concretas”, cuando la oferta “fuera muy superior a las necesidades del mercado”, y para reforzar el control del “contenido alcohólico de los subproductos de vinificación”.
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