5 de abril 2019.- (Redacción).- El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la Resolución de 27 de marzo de 2014 de la Junta de Andalucía, que otorgó Autorización Ambiental Unificada (AAU) para el Proyecto de Explotación Río Tinto (PRT), promovido entonces por Emed Tartessus, reconvertida ahora en Atalaya Mining.
El alto tribunal ha desestimado los recursos de casación interpuestos por la Junta de Andalucía y la empresa contra la sentencia del 19 de septiembre de 2018 de la Sección Primera de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que estimó parcialmente la demanda interpuesta por Ecologistas en Acción, la cual confirma, según ha informado la organización ecologista en un comunicado.
El motivo para anular dicha AAU reside en que se vulneraron las obligaciones de información y los derechos de participación ciudadana previstos en el artículo 19 del Decreto 356/2010, que obliga a un periodo de información pública después de emitir el informe de compatibilidad ambiental.
El Supremo considera que no puede admitir ninguno de los dos recursos de casación “dado que la cuestión realmente controvertida versa sobre la interpretación y aplicación del derecho autonómico (artículo 19 del Decreto andaluz 356/2010, de 3 de agosto)”, y por tanto la sentencia del TSJA no ha vulnerado ningún precepto de derecho estatal que pueda ser objeto de revisión por el Alto Tribunal.
Esto significa, según Ecologistas en Acción, que “hoy por hoy, la AAU del Proyecto Riotinto está anulada, y por tanto la explotación minera no cuenta con la autorización ambiental necesaria para seguir operando”.
Según las fuentes, la anulación de la AAU conlleva de forma inmediata la nulidad de la Resolución de 23 de enero de 2015 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas que autorizó el reinicio de la explotación minera, que está pendiente de próxima sentencia en la misma Sala del TSJA.
Durante toda la tramitación y desde su puesta en marcha en 2015, Ecologistas en Acción ha puesto en duda que el Proyecto Riotinto pueda garantizar la seguridad de sus grandes presas de lodos durante los diez años de vida útil autorizados por la anulada AAU.
Según Ecologistas en Acción, desde 2015 se están reutilizando las balsas por Atalaya para almacenar nuevos residuos mineros y se han ejecutado recrecimientos y modificaciones de las balsas de Cobre y Aguzaderas, incumpliendo las condiciones que se establecían en la AAU ahora anulada, poniéndolas en grave riesgo de rotura.