Redacción, 9 Junio 2020.- La Sala ha fijado doctrina sobre los efectos de la declaración de nulidad de los Planes de Urbanismo.
Son las derivadas de vicios de procedimiento esenciales en la elaboración de los mismos.
En concreto, establece que “los vicios de procedimiento esenciales comportan la nulidad de pleno derecho de todo el Plan impugnado”.
“Sin posibilidad de subsanación del vicio apreciado a los efectos de mantener la vigencia del Plan con una ulterior subsanación”.
“No obstante lo anterior, en aquellos supuestos en que el vicio apreciado pueda individualizarse, puede declararse la nulidad del plan respecto de esas concretas determinaciones”.
“Sin que ello autorice a considerar la nulidad de pleno derecho subsanable con la retroacción del procedimiento”.
Pleito con el Ayuntamiento de Yaiza
La Sala desestima los recursos de casación interpuestos por la Comunidad Autónoma de Canarias, el Ayuntamiento de Yaiza (Lanzarote) y la mercantil “YUDAYA,S.L.”.
Lo interpusieron contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anuló el Plan General de Ordenación Supletorio de Yaiza.
Y solo en la parte que estaba situada en la costa.
Porque se había omitido en la tramitación del Plan un informe, que era preceptivo y vinculante, de la Demarcación de Costas del Ministerio de Fomento.
Por ello anuló el procedimiento y ordenó la retroacción al momento oportuno para la subsanación del trámite.
La sentencia explica que en los supuestos de informes preceptivos, los efectos son la nulidad de pleno derecho con carácter absoluto.
Un buen ejemplo, según la sentencia, es que la Sala examina seis años después la legalidad de un Plan.
Porque, ante un precepto como el artículo 117 de la Ley de Costas, habiendo requerido la Administración ese trámite, no se demoró en unos pocos días la aprobación definitiva.
“Luego no serán las sentencias que debieran declarar esa nulidad, las causantes de los efectos económicos, sociales, administrativos y procesales que con ello se genera”.
Por ello asegura que no se puede eludir esa circunstancia con el argumento de que se trate de un problema meramente formal.
Ya que lo que subyace en el trámite omitido es nada menos que la eventual afectación del planeamiento sobre el dominio público marítimo terrestre.
Como consecuencia de ello, declara que dicho informe “constituye un elemento esencial del procedimiento que tiene entidad suficiente para declarar la nulidad del Plan.”
Y es esa relevancia “la que deberá examinarse, en cada supuesto de enjuiciamiento”.
“A los efectos de determinar su relevancia, siempre desde el punto de vista material, para servir de soporte a una declaración de nulidad”.
Nulidad parcial de un Plan
Sin embargo, la Sala afirma que, aunque la regla general es la declaración de nulidad del Plan, nada impide que pueda limitarse la declaración de nulidad a esa una zona concreta.
Siempre que esa declaración de nulidad no pueda hacerse por áreas o por sectores sin que se vean afectados los restantes.
Por lo que puede ser “cuando pueda individualizarse una concreta zona o sector, o unas concretas determinaciones de igual naturaleza”.
“Que tenga un grado de individualización tal que sus determinaciones no afecten al resto del territorio planificado”.
“Es más, ese debe ser el criterio que impone la propia Jurisprudencia, que cuando examina la legalidad de las disposiciones reglamentarias que no tienen las peculiaridades del planeamiento, la nulidad se predica de preceptos concretos“.
“Sin que ello comporte la nulidad de todo el reglamento impugnado”.
“A salvo de aquellos que pudieran traer causa de los preceptos declarados nulos de pleno derecho”.
Recuerda que la misma jurisprudencia ofrece múltiples supuestos en que las sentencias terminan por declarar la nulidad solo de algunos de sus preceptos.
La de aquellos que incurran en los vicios de anulación del artículo 47.2º de la de la Ley del Procedimiento Administrativo Común.
La Sala aclara que el artículo 71 “dispone con toda lógica que la declaración de una disposición general puede ser total o parcial“.
“Y se une a esa exigencia la evidente utilidad de que no afecta a los actos de aplicación amparados en preceptos no afectados por ella”.
La Sala concluye que en el sentido expuesto ha de entenderse la declaración que se hace en la sentencia recurrida.
Y “considerar que la zona afectada por la declaración de nulidad que se hace en la sentencia, en la medida que afecta a la zona en que el Plan de autos “ordena el litoral” (artículo 117.2º de la Ley de Costas), no incide en las restantes determinaciones generales que contempla el planeamiento“.
“Lo cual autoriza a hacer esa individualización de los efectos de la sentencia”.
“Y nada se ha aducido en contra ni es previsible a la vista del expediente y de la propia delimitación de término municipal”.
“Con un centro urbano muy alejado de la costa, cuyas determinaciones no parece puedan verse afectadas por la causa de la nulidad que se declara”.
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