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El Supremo decidirá si se puede obligar a un funcionario a jubilarse

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Redacción, 4 Noviembre.- El Tribunal Supremo deberá decidir próximamente si la administración pública puede obligar a jubilarse a un empleado público.

Sería el caso en el que ya ha cumplido la edad de jubilación pero que ha solicitado seguir en activo, argumentando bajo rendimiento en sus tareas.

Los jueces señalan que se trata de un supuesto que puede llegar a afectar a un gran número de personas y han decidido fijar criterios al respecto.

Así se señala en el auto de admisión a trámite de un recurso de casación presentado por la Abogacía del Estado contra una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Este había sentenciado que un funcionario no puede ser obligado a jubilarse por su bajo rendimiento.

Y declaró el derecho de este trabajador a prolongar su servicio.

El recurso se resolverá por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,

Según el Estatuto Básico del Empleado Público, este colectivo puede solicitar permanecer en su puesto “como máximo hasta que cumpla setenta años de edad”.

Los hechos sobre los que deberá pronunciarse el Supremo se iniciaron el 5 de septiembre de 2017.

La Dirección General de la Administración Tributaria rechazó la solicitud de un funcionario para prolongar su permanencia en el servicio cumplida la edad de jubilación.

Este rechazo fue justificado en informe desfavorable de la Dirección del Departamento de Recursos Humanos.

Determinaban “las deficiencias en el rendimiento de este funcionario”.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón dio la razón al funcionario.

Argumentó que “la motivación de la negación no está basada en hechos objetivos correspondientes a decisiones de organización del servicio o carga presupuestaria, sino que se basa en el comportamiento individual y subjetivo del demandante”.

En este punto, el TSJA se refiere a otra sentencia del Supremo de 3 de diciembre de 2012.

En opinión del tribunal, lo que imputa la Administración a este trabajador es “una falta de interés en determinadas cuestiones”.

Por ello, lo que debería hacer la Agencia Tributaria es abrir un expediente disciplinario y, en caso de que se lo mereciera, una sanción por ello.

Es más, los magistrados consideran que en el rechazo a la solicitud del funcionario “se esgrime indebidamente una supuesta actividad negligente del funcionario que, hasta momentos previos a la jubilación nunca fue puesta de manifiesto ni denunciada por la Administración, ni le supuso consecuencia alguna de naturaleza sancionatoria”.

El abogado del Estado, en representación de la Administración decidió presentar un recurso de casación contra la sentencia del TSJ de Aragón.

Sostenía que el rechazo de la petición del empleado público “tiene sustento razonador y motivación suficiente, en las razones de baja productividad del funcionario que allí se ofrecen”.

Además, entiende que de esta forma “se cumple así el deber de motivación” que exige el artículo 67.3 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Pautas a fijar

En este punto, el Supremo ha decidido en su admisión a trámite del recurso de la Abogacía del Estado.

Este determinará “cual debe ser el contenido del deber de motivación” que incluye el artículo 67.3 del Estatuto del Empleado Público antes citado.

Esto quiere decir que en el caso de que una administración deniegue a un empleado la posibilidad de seguir en su puesto tras cumplir la edad de jubilación qué es lo que debe argumentar para que esta negativa sea válida.

Y, concretamente, dirimirá “si esa motivación puede estar basada en la aportación concreta del funcionario al servicio público prestado.”

También “a la consecución de los fines encomendados o habrá de ser necesariamente objetiva, basada estrictamente en causas organizativas o de reestructuración“.

Esta polémica se enmarca dentro de la creciente preocupación empresarial en el sector privado ante el aumento de trabajadores que deciden no jubilarse.

El problema surge con salarios anuales a partir de 40.000 euros en adelante, ante el descenso de su nivel de vida que supone esta decisión.

Y es que la pensión máxima se sitúa en 37.232 euros brutos anuales.

La empresa puede obligar a estos trabajadores a jubilarse solo si está permitido en su convenio de referencia y siempre que sustituya al trabajador retirado.

La jubilación obligatoria puede volver a incluirse en los convenios desde el 28 de diciembre pasado.

Ya hay varios convenios colectivos importantes que han recuperado esta cláusula.

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