Sevilla, 4.5.2020 (EFE).-
El portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista, Manuel Jiménez Barrios, ha denunciado este jueves que el anuncio del presidente andaluz, Juanma Moreno, de la contratación de 3.000 vigilantes de playa mediante una bolsa única con un sueldo de 1.900 euros al mes “esconde muchas falsedades“.
Según el portavoz socialista, la Junta ha reconocido en una reunión de la comisión de seguimiento de convenios colectivos del personal laboral, en la que los sindicatos pidieron explicaciones, que “no existe ninguna bolsa única y que ha sido un error de los políticos que lo anunciaron, por desconocimiento técnico“.
La realidad, según un comunicado del PSOE, es que “será desde bolsas provinciales de trabajo donde se convocará por llamamiento a los trabajadores“.
Además, hoy se publican “sorprendentemente” en las provincias esas convocatorias y “se recoge que el plazo de presentación de solicitudes será de tan sólo veinticuatro horas desde la publicación en la Web del Empleado Público“, ha agregado Jiménez Barrios.
Para el dirigente socialista, es “obvio” que el Gobierno andaluz va “de chapuza en chapuza“.
Por otra parte, ha señalado que el curso de formación de la Escuela de Seguridad Pública “tan cacareado por el Gobierno andaluz” es en realidad un curso telemático con una duración de 20 horas.
“Todo consiste en una operación puramente propagandística del Gobierno andaluz“, ha asegurado el dirigente socialista, que ha considerado que “lo razonable hubiese sido trasladar a los ayuntamientos, que son los que de verdad conocen sus playas y las necesidades de sus municipios, los recursos económicos para poder usarlos en la contratación de su vecinos y vecinas desempleados“.
Así, ha defendido que el trámite tendría que hacerse a través de las oficinas municipales del INEM-SEPE “con arreglo al Estatuto de los Trabajadores, con transparencia y no con la oscuridad con la que se va a hacer“.
“Pero la realidad es que el Gobierno andaluz no quiere hacerlo así porque ellos sólo piensan en la foto“, ha criticado.
Ha incidido en que el “escueto convenio” que han trasladado desde el Gobierno andaluz a los municipios costeros para su firma pone en evidencia dos cosas: que la Junta “traslada la responsabilidad de estos contratos laborales a los alcaldes, cuando estos trabajadores dependen del Gobierno andaluz, lo que suscita “dudas” sobre un posible “prestamismo laboral”, y que “lo que de verdad les importa es el logotipo de la Junta”.
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