Redacción, 7 Noviembre.- La Audiencia de Sevilla dejó este miércoles visto para sentencia un macrojuicio por fraude en prestaciones de paro e incapacidad.
Fueron 109 las altas fraudulentas en la Seguridad Social pero solo llegaron a juicio 31 personas, de las que 28 reconocieron el delito y se conformaron con la condena.
Un hombre fue absuelto y dos procesados se declararon inocentes y sus abogados dijeron que las pruebas contra ellos están “cogidas con alfileres”.
El juicio estaba previsto para cuatro días pero solo hicieron falta dos ya que 28 perceptores indebidos reconocieron el delito y el fiscal rebajó su petición.
Solicitó la rebaja de dos años de cárcel a cuatro meses (para quienes hayan devuelto parte o todo lo recibido) y seis meses (para quienes no hayan devuelto nada).
Inicialmente fueron 109 las personas dadas de alta fraudulentamente en dos empresas inmobiliarias.
Pero solo llegaron a juicio las que lo hicieron después de enero de 2013, cuando el delito se tipificó también para los perceptores.
Alguno había conseguido ver reconocidas prestaciones de paro o incapacidad de hasta 10.224 euros.
El fiscal y el letrado de la Seguridad Social retiraron los cargos contra un único procesado, Jesús Z.C., que trabajó en las empresas investigadas cuando sí que tenían actividad, en el año 2008, y las ayudas que recibió fueron por un accidente de moto ocurrido mucho tiempo después, en 2013.
Se da la circunstancia de que el cabecilla de la red, el empresario vio rebajada la petición de condena contra él de los seis años a 18 meses.
El fiscal le aplicó la atenuante de dilaciones en la administración de justicia y de “confesión extemporánea”.
Ello porque en el juicio “ha colaborado de forma activa y ha reconocido a otros imputados”.
La misma atenuante aplicó a uno de sus colaboradores y a una perceptora de ayudas.
No reconocieron ninguna irregularidad dos personas acusadas por el fiscal de actuar en la captación de beneficiarios: uno de ellos el hermano del presunto cabecilla, por lo que el fiscal mantuvo para ellos una petición de dos años y dos años y ocho meses de cárcel.
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