Sevilla, 15 dic (EFE).-
La jueza que investiga el brote de listeriosis del verano reanudará la instrucción este martes con la declaración como investigados de los administradores de una empresa que distribuyó carne mechada, el asesor financiero de Magrudis y el arquitecto que presentó la declaración de inicio de la actividad.
El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla dictó el pasado 11 de noviembre una providencia en la que convocaba a las 10.00 horas de este 17 de diciembre a los administradores solidarios de Comercial Martínez León, A.M.L. y D.M.L., así como al asesor financiero de Magrudis, D.M.M., y el arquitecto S.L.G.
En el caso del asesor, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil sospecha que encubrió el enganche presuntamente ilegal de luz de la nave de Magrudis en el polígono El Pino, en Sevilla.
El arquitecto, por su parte, firmó en diciembre de 2018 la declaración responsable de inicio de actividad de la mercantil, que según los investigadores estaba repleta de “inexactitudes y deficiencias graves”.
La jueza Pilar Ordóñez también ordenó que se librase un oficio al servicio de Consumo del Ayuntamiento de Sevilla para que le informase de “si incoó algún expediente sancionador” a Magrudis tras la inspección realizada el 24 de noviembre de 2016 en la nave donde después apareció la bacteria.
Durante esa visita, los técnicos municipales detectaron que “existía sistema de autocontrol” en Magrudis pero también que “faltaba cumplimentar las diferentes hojas de registro”.
La instructora recordó que sólo constan dos actas de inspección, la ya citada y otra del 18 de julio de 2017, por lo que instó al Ayuntamiento a que aporte “el resto” y que indique “el personal que las llevó a cabo”.
Respecto a esas dos actas y “otras, si existieran”, la magistrada pide al Consistorio que aporte “las actas de recogidas de muestras de productos, comprobaciones sobre superficies, recogida de muestras del ambiente interior y comprobaciones sobre el tratamiento del aire interior”.
El Ayuntamiento también deberá informar al juzgado de si hubo “alguna revisión o examen técnico” entre la apertura del expediente de 2018 y el 26 de agosto de 2019 y de quién era “la persona encargada de su control posterior y revisión”.
La instructora, por otro lado, anunció en la providencia que esperará a que la UCOMA presente el atestado con que cerrará la investigación antes de decidir si toma declaración como responsables civiles subsidiarios a los técnicos del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.
También ordena la práctica de una prueba caligráfica para determinar si la firma de la declaración ambiental que Magrudis presentó en el Ayuntamiento es del gerente de la empresa, José Antonio Marín, o de su hijo Sandro, ambos en prisión desde el pasado 26 de septiembre, ya que “puede que no pertenezca” a este último.
La magistrada atribuye a ambos un delito contra la salud pública en concurso ideal con tres homicidios por imprudencia, dos delitos de lesiones al feto con resultado de aborto y varios delitos de lesiones por imprudencia grave.
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