Redacción, 8 Junio 2020.- La instructora les impuso en febrero pasado una fianza de cinco millones para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles.
El juzgado de Instrucción ha ordenado el embargo de las cuentas, la maquinaria y seis vehículos de los dueños de Magrudis.
El motivo es no haber satisfecho la fianza de cinco millones de euros que se le impuso en febrero pasado.
Esta alerta sanitaria provocó cuatro muertes, seis abortos y más de 200 afectados.
El letrado de la administración de Justicia del juzgado ha emitido un decreto.
En el mismo acuerda el embargo de cuentas y bienes de los dueños de la empresa.
Son cinco personas: José Antonio Marín Ponce, su esposa Encarnación Rodríguez, los hijos Sandro José y Mario Marín Rodríguez, y su cuñada, Isabel Rodríguez.
En el caso de José Antonio Marín, no aparece como titular de ningún bien, por lo que ha embargado las cantidades que posea en las cuentas corrientes.
Mientras que en el caso de la mercantil Magrudis, además de las cuentas, se acuerda el embargo de cinco vehículos.
El juzgado ha decidido embargar los “enseres, bienes muebles, maquinaria industrial, cámaras frigoríficas u otras de similares características”.
No obstante, el letrado de la administración advierte de que la diligencia de embargo ante la situación de estado de alarma por el Covid-19 “no se puede practicar en este momento”.
“Por lo que se habrá de realizar la misma una vez se alce el estado de alarma“.
Los derechos de “La Mechá del todo natural”
En cuanto a Sandro José Marín, además de las cuentas, se ha acordado el embargo de un vehículo, un BMW520D.
También un contrato de valores y “los derechos que tiene sobre la marca La Mecha del todo natural”.
Es la que está inscrita en la oficina de marcas y patentes.
A la esposa del dueño, Encarnación Rodríguez, se le embarga además de las cuentas un plan de pensiones.
Y a su hermana, Isabel Rodríguez, el 50% de un piso de su propiedad.
La juez impuso la fianza de cinco millones al entender que “existe peligro de no satisfacer las responsabilidades civiles”.
Y la fianza puede suponer una “medida de aseguramiento directo, con el fin de obtener la disponibilidad en metálico“.
“Y en caso de no ser satisfecha, a través de la afección de bienes muebles o inmuebles de fácil realización y de valor conocido”.
“Para conseguir el pago de las responsabilidades civiles que puedan declararse en la sentencia penal que recaiga en un futuro”.
Para fijar la cuantía, la magistrada tuvo en cuenta los cuatro fallecidos, los seis abortos, y las más de 200 personas afectadas por listeriosis provocada por el consumo de productos elaborados por Magrudis.
Asimismo, recordó en un auto que los gastos indirectos ocasionados a la Junta de Andalucía han sido cifrados, por el coste sanitario, en 3.428.663,02 euros.
Además de los ocasionados al Ayuntamiento de Sevilla y los que “aún no estén determinados y han sido causados a los servicios sanitarios de otras comunidades autónomas, por lo que en función del desarrollo de la investigación, ésta medida podrá ser modificada”.
Por último, la juez precisó que con estas medidas cautelares “se pretende por tanto asegurar los efectos económicos del proceso penal”.
“Quedando así aseguradas durante la tramitación de la causa que ha sido declarada compleja, las obligaciones de reparar e indemnizar los efectos del delito”.
Un informe de averiguación patrimonial ya puso de manifiesto que Magrudis no dispone de fondos suficientes para indemnizar a todos los afectados.
Dado que el seguro de responsabilidad civil sólo cubre hasta 300.000 euros, cantidad que ya ha sido depositada en el juzgado por la compañía aseguradora.
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