RBC advierte de que no hay seguridad jurídica para invertir en España. Ribera, dispuesta a analizar el problema de los contratos a largo plazo
Redacción: 17/09/2021
Según El economista, el plan de choque del Gobierno para hacer frente a la subida de la electricidad y del gas este invierno ha provocado un aluvión de críticas de la banca de inversión que ha vuelto a poner a España en el ojo del huracán por la inseguridad jurídica para los inversores que están generando estas medidas, entre ellas, los cambios de retribución a las renovables por los contratos a largo plazo (PPA)
Royal Bank of Canada asegura que la medida “demuestra que no hay seguridad regulatoria para construir nuevas renovables en España y creemos que la única solución es que la regulación que está en vigor desde hoy no sea confirmada por una votación en el Parlamento o detenida en los tribunales”.
JBCM sostiene que “la exposición española merece ahora alguna prima de riesgo regulatorio adicional, ya que el Gobierno ha intervenido el mercado y de una manera que ha creado más incertidumbre”, lo que en opinión de Exane BNP supondrá un “aumento de la prima de riesgo país que hará que la recuperación económica española sea más lenta y costosa”.
Por ese motivo, la medidas adoptadas por el Gobierno -que algunas entidades financieras ponen en duda que finalicen en el primer trimestre de 2021- ponen en jaque la llegada de los 250.000 millones que serán necesarios para llevar a cabo el Plan Nacional de Energía y Clima junto con otros aspectos que todavía siguen sin resolverse como la situación de los puntos de acceso y conexión de las plantas.
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La nueva normativa, además, puede generar un auténtico caos de denuncias de contratos amparándose en la clausula rebus sic stantivus y provocar incluso un problema de suministro o el parón de alguna industria, como ya ha pasado en Reino Unido, por los precios de la electricidad.
De hecho, ayer mismo se especulaba ya con una corrección de la medida para aclarar la situación de los contratos bilaterales a largo plazo de las renovables.
José María González Moya, director general de Appa Renovables, aseguró consultado por elEconomista que “desde la Asociación somos conscientes de la enorme diversidad de casuísticas que existen en el sector energético y las diferentes modalidades de contratación de las instalaciones que acuden a mercado. De la gran cantidad de medidas que recoge el Real Decreto-ley 17/2021, es la minoración de retribución la que afecta a algunas de estas instalaciones. Se trata de una minoría pues son del orden del 19% de la eólica y la fotovoltaica las potencialmente afectadas, pero el impacto durante este tiempo puede ser muy grave. Si no se especifica claramente que todas aquellas instalaciones que tienen PPA y coberturas financieras están exentas de esta minoración, podrían llegar a tener que generar electricidad a pérdidas durante los meses de vigencia de la norma y, se pudiera dar el caso, que los garantes de estos contratos decidieran paralizar la producción para evitar entrar en pérdidas”.
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En la misma línea, Juan Virgilio Márquez, consejero delegado de la Asociación Empresarial Eólica, aseguró que “la estabilidad regulatoria es una condición necesaria para la atracción de inversión al sector eólico y renovable en su conjunto. En este caso, el Real decreto-ley puede suscitar diversas interpretaciones jurídicas en materia de derecho comunitario o sobre su rol de mecanismo de intervención de facto en el precio final de la electricidad”.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, defendió en TVE y así recogió Servimedia sus medidas ante las quejas de prácticamente el sector energético al completo.
“Es la primera reacción en caliente” explicó Ribera, que añadió que había mantenido contactos previos con las eléctricas pero que “no tuvimos una propuesta que negociar o que trabajar con ellos”.
En todo caso, la vicepresidenta mostró su disposición a analizar cualquier impacto no previsto tras el análisis de las medidas contenidas en el Real decreto-ley, aunque reiteró que “ninguna de las medidas tiene un impacto económico que ponga en peligro su rentabilidad”. En esta línea, recordó que los límites a la retribución que pueden percibir las plantas no emisoras por el alto precio del gas “tiene carácter temporal y provisional” y se justifica por “la situación extraordinaria” que se está viviendo en estos momentos.
“Volveremos a hablar cuando tengan toda su valoración hecha”, aseguró Ribera y defendió que se trata de “un paquete equilibrado” ya que el suelo de 20 euros/ MWh fijado para retribuir el gas coincide con las cifras que las eléctricas firmaron cuando acordaron el calendario para el cierre de las centrales nucleares en marzo de 2019.
“Es obvio que hubieran preferido que les pasara de lado y no se implicaran en la respuesta que les hemos pedido pero la electricidad no es lo mismo que los caramelos o la frutería, es un sector enormemente regulado y en el que hay que velar por la seguridad del suministro”, prosiguió. De esta manera, abordó la advertencia de las nucleares de su posible cierre ante esta situación, algo que, según recordó, debe autorizar el operador del sistema, Red Eléctrica. “No pueden hacerlo por sí solas”, agregó.
Por otro lado, fue preguntada por la posibilidad de que se tomen nuevas medidas si el precio del gas sube aún mucho más. Según aseguró “vamos a estar pendientes” porque “la sensibilidad del Gobierno con respecto a este asunto nos llevará a hacer lo que sea necesario”
