MADRID, 31.5.2019 (EUROPA PRESS).-
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha admitido una queja del Consejo General de la Abogacía Española sobre las dificultades que tienen los letrados para prestar asistencia con garantías a las personas que llegan a las costas españolas de forma irregular por la falta de medios e infraestructuras. Solicitará información a los ministerios del Interior y Justicia, así como a las comunidades autónomas con competencias en la materia.
Fernández Marugán ha recibido en la sede de la Institución a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega y al presidente de la Subcomisión de Extranjería del CGAE y decano del Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda, que le han solicitado amparo para que inste a las administraciones competentes a garantizar los medios e infraestructuras necesarias para prestar esta asistencia.
Los representantes de este consejo han denunciado que el derecho de defensa de las personas migrantes es vulnerado cuando no existen instalaciones que permitan realizar entrevistas previas, individualizadas y reservadas y cuando no se dispone de un sistema efectivo de traducción para atender a estas personas en su lengua de origen, según ha informado el Defensor en un comunicado.
La máxima representante de la Abogacía ha pedido a los letrados de los turnos de oficio de extranjería y protección internacional que hagan constar en acta cualquier incidencia que detecten mientras prestan asistencia y se ha comprometido a remitir esta información al Defensor para corregir las deficiencias que se detecten.
El pasado verano, técnicos del Defensor del Pueblo realizaron inspecciones a las provincias de Cádiz, Málaga y Granada y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para comprobar cómo se estaba realizando la atención humanitaria y jurídica a las personas que acceden de manera irregular.
Tras estas visitas, la Institución formuló recomendaciones a los Colegios de Abogados de Cádiz y Granada para mejorar la asistencia jurídica tras presenciar asistencias colectivas.I
