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El comprador de una vivienda asume un sobrecoste de 12.800 euros por los retrasos en las licencias

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13 Mayo 2020.- El retraso medio de unos doce meses que los promotores inmobiliarios registran para lograr las licencias de obra nueva y primera ocupación de las viviendas que construyen y venden tiene un coste de 12.802 euros por para el comprador final de esas residencias.

El estudio analiza los retrasos en la concesión de licencias urbanísticas y sus consecuentes costes en diez municipios españoles.

Así, ha podido constatar que la concesión de una licencia se demora una media de doce meses en España, a pesar de que la legislación recomienda un plazo máximo de tres meses para obras mayores y un mes para obras menores. Respecto a la licencia de primera ocupación, la dilación media en España es de tres meses.

El sobrecoste en el importe final de la vivienda derivado de estos retrasos varía en función de la ciudad y del precio medio que la vivienda registre en ella.

En el caso de Madrid capital, se dispara hasta los 28.606 euros, el equivalente al 6,56% del precio final de una vivienda media, mientras que en Barcelona se sitúa en 26.145 euros (el 5,76% del precio).

Entre el resto de ciudades analizadas en el estudio figura Valencia, donde se calcula un sobrecoste por el retraso de las licencias de 9.679 euros (el equivalente al 4,37% del precio de la vivienda).

En Zaragoza este coste añadido se estima en 8.005 euros (un 3,33%), mientras que, de su lado, Málaga figura como la ciudad menos afectada de entre las estudiadas, dado que el retraso en las licencias es de ocho meses lo que genera un coste de 7.272 euros (el 3,11% del importe de la vivienda).

AGILIZAR TRAMITACIÓN.

En un comunicado, la patronal inmobiliaria de Madrid denuncia que son los compradores finales de la vivienda los que deben asumir el sobreprecio, a la vez que todos los gastos relacionados con la prolongación de su estancia en su anterior domicilio (alquileres o hipotecas) o el retraso en la venta de la misma.

Por todo ello, la asociación de promotores inmobiliarios demanda a la Administración que “agilice la tramitación de estas licencias”, para lo que propone dotar de recursos a sus correspondientes departamentos, externalizar la gestión de algunos procedimientos y digitalizar otros.

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